Detiene a ocho policías por la muerte de un ladrón en un patrullero

Sociedad

Ocho efectivos de la Policía Comunal de La Plata fueron detenidos acusados de participar en el crimen de un detenido adentro de un patrullero, en un hecho que inicialmente fue denunciado como suicidio, informó una fuente judicial.

Se trata de los policías Cristian Caffa, Mónica Arias, Walter Fernando Rodríguez Muller, Daniela Aprea, Michael López González, Luciano Díaz, Patricia del Carmen Paris y Laura Gutiérrez, quienes están acusados de "homicidio triplemente agravado por alevosía, abuso de funciones, y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego, en concurso real con la falsificación material e ideológica de instrumento público".

El hecho en el que se presume participaron los policías ocurrió el 26 de agosto último, cuando efectivos a bordo de un móvil policial detuvieron a Juan Martín Yalet, acusado de interceptar con fines de robo a una mujer y a su hijo de nueve años cuando se disponían a ingresar a su casa.

Yalet fue arrestado y, tras ser esposado con sus manos hacia atrás y subido a un patrullero, conducido por Cristian Caffa y su compañera Mónica Arias, recibió un disparo en el cráneo dentro del móvil policial por lo que los efectivos debieron trasladarlo al hospital San Martín de La Plata, donde murió.

Los policías informaron que el detenido se había "autolesionado" con una pistola 9 milímetros que tenía entre sus prendas de vestir, hipótesis que fue calificada como "inverosímil" por la fiscal penal que interviene Bettina Lacki, quien además constató que no había sangre en el asiento trasero, como tendría que haber habido si hubiera sido un suicidio, y sí había restos hemáticos sobre el piso del móvil policial.

También tomó en cuenta que no había concordancia entre los movimientos del móvil policial, la sucesión de hechos descriptos por los policías y la secuencia temporal que arrojó el llamado del informe de AVL (Localización Automática Vehicular).

Una fuente de la investigación confirmó que los ocho policías "fueron desafectados por 60 días de la fuerza hasta tanto la justicia determine la responsabilidad que le cupo a cada uno en el hecho investigado, ocurrido el 26 de agosto último".

La medida implica el retiro de chapa, del uniforme y del arma reglamentaria, y que el policía perciba la mitad de su sueldo. Además es una sanción que puede prorrogarse por otros 60 días, pasados los cuales se debe expedir el Ministerio de Seguridad provincial sobre la situación del efectivo.

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