Aunque en su momento desde el macrismo se atacó con dureza el acuerdo con Chevron, en especial por el establecimiento de cláusula secretas, la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso admitió ahora que esa operatoria estaba técnicamente justificada.
La Oficina Anticorrupción definió avalar la permanencia en secreto de determinadas partes del acuerdo entre YPF y Chevron, luego de que el presidente de la petrolera argentina, Miguel Galuccio, mantuviera un encuentro con la titular del organismo, Laura Alonso, en medio de la disputa judicial para que ese convenio sea difundido en su totalidad.

En la nota número 602/16 emitida el lunes pasado al apoderado de YPF, la Oficina Anticorrupción considera que los elementos que resguarda la compañía son justificados y que la información brindada está alcanzada por el régimen de excepciones.

"A criterio de esta Oficina, YPF ha fundamentado razonablemente el alcance de las excepciones invocadas. En virtud de lo informado, la cuestión se encuentra sometida a consideración de la Justicia en lo Contencioso Administrativo", dice la nota a la que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.

La reacción de la OA surge en medio de los intentos del diputado provincial santafecino Rubén Giustiniani (Socialista) para la difusión en su totalidad del contrato entre YPF y la petrolera estadounidense, luego de que -tras un fallo judicial adverso-, la primera empresa argentina informara ese convenio en forma parcial, resguardando lo que a su juicio son cláusulas de confidencialidad.

Luego que la Corte Suprema le diese la razón al diputado y ordenase difundir las cláusulas secretas del contrato, YPF presentó un recurso para pedir que la entrega sea sólo a la Justicia y no se difunda públicamente.

Sin embargo, el viernes pasado, los directivos de YPF recibieron a Laura Alonso, quien a mediados de febrero hizo que la OA participara de oficio en la causa porque es autoridad de aplicación del decreto de Acceso a la Información Pública de 2003.

La reunión entre Alonso y Galuccio duró 15 minutos y luego ella fue recibida por el gerente de Finanzas de YPF, Daniel González, y por el vicepresidente de Servicios Jurídicos, Germán Fernández Lahore, encuentro que consta en un Acta pública labrada el viernes pasado por la OA.

En diálogo con Télam, Alonso -quien desde diciembre pasado es Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción- reconoció el encuentro y explicó el cambio de postura de la OA ante la demanda de Giustiniani.

"Este es un gran caso de acceso a la información y la actitud de YPF de convocar e informar es más que positiva. Siempre debería ser así, intentar aclarar antes de llegar a los tribunales", afirmó.

Aunque la cuestión de la confidencialidad de parte del acuerdo fue severamente criticado por el macrismo en el pasado, la ex diputada del PRO admitió ahora que "las razones que expresaron los directivos de YPF son técnicas y estuvieron bien sustentadas, además respetan los estándares internacionales".

En 2013 cuando se firmó el acuerdo entre YPF y Chevron Alonso había denunciado que "la ausencia total de transparencia hoy implica un pronóstico de alta corrupción mañana. Van a caer Jaimes empetrolados del cielo". Hoy, por el contrario justifica el establecimiento de cláusulas secretas en el acuerdo.

Alonso recordó que YPF -al ser una empresa mixta y no solamente estatal- tiene tres niveles de controles: el del 49% de sus accionistas privados, el de la Comisión Nacional de Valores y el de la SEC de la Bolsa de Nueva York (porque cotiza allí).

Durante la conversación, los directivos de YPF explicaron a Alonso que abrir en su totalidad a la opinión pública el acuerdo con Chevron implicaría a su vez regalar a la competencia informes científicos y datos de tecnología que costó mucho dinero conseguir, como reportes geológicos y zonas de potencial exploración.

Desde la empresa manifestaron, además, que el ex senador socialista y demandante fue invitado a recibir las mismas explicaciones que recibió la jefa de la OA, pero nunca acudió, y ahora resta la decisión del fuero Contencioso Administrativo para saber si se resguardan o no las partes resguardadas.