El tribunal N°1 de La Plata otorgó el benificio al genocida que cumple cuatro condenas de reclusión perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. Etchecolatz seguirá de todos modos detenido en el marco de otra causa que instruye el juez Kreplak.

La justicia federal de La Plata concedió este viernes el arresto domiciliario a Miguel Etchecolatz, condenado a cuatro reclusiones perpetuas por delitos de lesa humanidad y genocidio durante la última dictadura cívico militar, pero que no efectivizará por una decisión de primera instancia que le impide al represor tener ese beneficio.

Guadalupe Godoy, abogada de la familia de Jorge Julio López, aseguró en diálogo con C5N que "el juez Esmoris votó a favor de otorgarle el beneficio por entender, tal como publica hoy el diario La Nación, que el beneficio pasados los 70 años se debe otorgar de manera automática. El juez Castelli en tanto ignora los informes médicos que señala que Etchecolatz está en condiciones de permanecer en el Servicio Penitenciario y se lo otorga por razones humanitarias".

"Estamos dolidos con esta decisión, no sorprendidos" aseguró Godoy quien denunció que desde el cambio de gobierno en diciembre se empezaron a sentar las bases para que los genocidas vuelvan a las calles.

"Hubo un cambio radical del tribunal este año a la par del desmantelamiento de las estructuras del Estado que aportaban a los juicio. Los mismos apellidos que llevamos o intentamos llevar a juicio por delitos de lesa humanidad hoy están en el gobierno nacional. Ahora son lo que detentan espacios de poder que les permiten influenciar muchísimo más que antes" denunció Godoy.

Esta línea se enmarca en la decisión del Estado nacional de dejar de apelar cuando la justicia disponga el beneficio de la prisión domiciliaria a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Segpun publicó días atrás Clarín "el Gobierno prevé un aumento de requerimientos de prisión domiciliaria para represores mayores de 70 años detenidos por delitos de lesa humanidad" pero que no apelará en los casos que se les otorgue. Incluso los funcionarios de la gestión de Mauricio Macri pronosticaron que la Justicia les hará lugar a los pedidos y que se impone la decisión política de no apelar. "Es el tiempo que nos toca vivir", explicaron en la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Claudio Avruj en alusión a la edad cada vez más avanzada de los 1.056 detenidos que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad registran hasta el 30 de junio.

Según el Ministerio Público, hasta junio pasado había 462 detenidos por crímenes de lesa humanidad con arresto domiciliario.

Adelantó además la decisión de apelar el polémico fallo, pero arriesgó que luego de todas las instancias "el resultado final va a terminar siendo el otorgamiento definitivo de la prisión domiciliaria" a Etchecolatz. "Lo que se pretende es llevar adelante la estrategia de los genocidas, que hagamos juicios pero con ellos mirándolos desde el living de su casa", completó.