Incidentes en Córdoba: pidieron la renuncia del ministro de Seguridad

Política

La titular del gremio de Judiciales, Irina Santesteban, solicitó la dimisión del ministro Alejo Paredes luego del accionar policial contra los manifestantes en la protesta del jueves.

La titular de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba, Irina Santesteban, responsabilizó al gobierno de Córdoba por los incidentes que se registraron el jueves durante una protesta y pidió la renuncia del ministro de Seguridad, Alejo Paredes.

La sindicalista consideró que "el ministro Alejo Paredes es uno de los responsables (de la represión) y debería renunciar porque dio la orden para que la policía reprimiera".

Sostuvo que "el Gobierno de la provincia también tiene que asumir su responsabilidad, al igual que la Justicia" y deslindó responsabilidades de los manifestantes.

Asimismo, anticipó la promoción de una "denuncia penal" por las agresiones y heridas que recibieron varios manifestantes.

Luego de la represión policial del jueves, los trabajadores judiciales, los municipales capitalinos y del sector de Luz y Fuerza, realizaron el viernes un paro total de actividades de 24 horas, en repudio al accionar policial.

El paro de actividades fue acompañado por otros gremios con abandono de tareas y asambleas, como el caso del Sindicato de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc) y bancarios, en tanto la marcha hacia Tribunales sólo fue realizada por los judiciales y otras agrupaciones.

El conflicto comenzó en la noche del 8 de agosto cuando De la Sota, con el argumento de que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) no transfiere los fondos de convenios para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, presentó en la Legislatura el proyecto de ajuste previsional que fue aprobado en un rápido tratamiento.

Con el objetivo de obtener fondos para cubrir parte del déficit, la nueva ley deja sin efecto el pago simultaneo de aumentos a los jubilados cuando lo perciben los activos, a partir de ahora los pasivos recibirán los incrementos seis meses después de los activos, incluso faculta al Poder Ejecutivo a modificar los porcentuales de los aportes de la patronal y del trabajador.

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