Denuncian nombramientos irregulares en las fiscalías
El senador radical Mario Cimadevilla pidió que se investigue a la procuradora general por incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Desde que está en la Procuración está haciendo efectivos los caprichos del poder", afirmó por Radio 10.
Mario Cimadevilla en Radio 10
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue denunciada por supuestos nombramientos ilegales de determinados fiscales y creación de fiscalías sin aprobación oficial.
La denuncia fue presentada por el senador de la UCR y consejero de la Magistratura Mario Cimadevilla, quien la acusó por haber "violentado las disposiciones que regulan la estructura del Ministerio Público Fiscal", a raíz de "la designación de sujetos sin concurso de antecedentes y oposición previo y sin acuerdo senatorial".
"Desde que está en la Procuración, lejos de velar por la legalidad de lo actos, está haciendo efectivos los caprichos del poder", afirmó en "Hola Chiche" por Radio 10.
El legislador sostuvo que Gils Carbó tiene "un grupo de incondicionales" a los que le otorgó "categorías no previstas por la ley" como "fiscales ad hoc", que afecta directamente "los derechos e intereses de los designados regularmente". Si bien no se especifica, los beneficiarios serían los integrantes de la agrupación Justicia Legítima, encabezada por la funcionaria.
De esta manera, a la procuradora la acusan de hacer abuso de sus funciones con "pleno conocimiento de la irregularidad y tratando de encubrir la maniobra".
"Lo grave de esto es que los faculta a actuar en causas judiciales desplazando a fiscales que tienen acuerdo en el Senado y lo más probable es que se plantee la nulidad de lo que actúan los fiscales, caigan estas causas y en definitiva vamos a poner en riesgo el servicio de la Justicia", advirtió.
Luego agregó que "la estabilidad de los fiscales depende de lo que diga Gils Carbó" porque "cuando no le gusta lo que hacen, los desplaza".
Según el dirigente radical, desde su arribo a la Procuración general de la Nación la funcionaria "se sentó en la máquina de escribir y empezó a hacer resoluciones y a nombrar fiscales a troche y moche sin ninguna validez".
La causa quedó cargo del juez federal Sebastián Casanello, que investiga al empresario mediático Leonardo Fariña por lavado de dinero. "Es uno de los que fue a aplaudir la reforma judicial el otro día en Casa Rosa. Espero que no estemos ante un nuevo (Norberto) Oyarbide", concluyó.
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