Empresarios analizaron la estrategia judicial que impulsarán contra la Ley de Abastecimiento

Economía

Durante una reunión, el G-6, que integran las principales entidades del sector privado, volvió a cuestionar el intervencionismo de la norma, y la falta de precisión en algunos de sus artículos.

El Grupo de los Seis (G-6), que integran las principales entidades empresarias, analizó este miércoles la estrategia judicial que en conjunto llevarán adelante, contra las modificaciones a la ley de Abastecimiento, en caso de que la Cámara de Diputados las apruebe, tal como esta previsto.

Durante una reunión de casi dos horas, los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weis, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Etchevehere, el secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, y el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentina (ADEBA), Norberto Peruzzotti, volvieron a cuestionar el carácter intervencionista de la norma, así como también la falta de precisión en alguno de sus artículos.

El G-6 dará a conocer en las próximas horas un comunicado, donde fijará su posición respecto del proyecto de ley y también sobre la estrategia judicial analizada durante la reunión, que incluiría una presentación considerando anti constitucional la norma, en caso de que se apruebe tal como salió del Senado.

Al término del encuentro, De la Vega sostuvo que "la objeción que le hacemos es que la ley delega en el Poder Ejecutivo una cantidad de facultades que le permite intervenir directamente fijando a las empresas qué deben producir, cómo deben vender los productos, a qué precios y en qué mercados".

"Realmente eso es un arma muy poderosa que puede ser aplicada discrecionalmente y ese es el peligro sustancial que lleva en su contenido la ley que seguramente va a ser aprobada", expresó el titular de la Cámara de Comercio, quien cuestionó "el criterio dirigista e intervencionista que contiene el proyecto".

Respecto del reclamo judicial, De la Vega señaló que "es prioritario conocer el texto definitivo de la norma" y reclamó que así como el Senado "hizo 10 modificaciones" respecto del proyecto original, "Diputados pueda perfeccionar expresiones que son muy generales y vagas y dejan la aplicación de la ley a la apreciación subjetiva de un funcionario".

"Hemos pedido la atenuación de algunas sanciones, como el agravamiento de las penas por reincidencia, las clausuras por 90 días", destacó el titular de la Cámara de Comercio.

Por su parte, Etchevehere sostuvo que en caso de que el proyecto sea aprobado como vino del Senado, "vamos a ir a la Justicia por los artículos que representan una violación a la propiedad privada, al ejercicio de la industria lícita y el que plantea la delegación de facultades judiciales en el Poder Ejecutivo".

Para el titular de la Sociedad Rural "una cuestión es obligar a un determinado productor industrial a producir a pérdida y otra cosa es defender al consumidor".

"Estamos de acuerdo en que haya defensa del consumidor , pero también tienen que constituir los tribunales de defensa del consumidor que hace 11 años que este mismo Gobierno no lo constituye y estamos de acuerdo en que se combata y se eviten los monopolios y oligopolios", afirmó Etchevehere.

De todos modos , señaló que "otro tema es que un secretario de Comercio, con tanta discrecionalidad pueda disponer sobre la producción y decomisar bienes, sin tener que pasar por la Justicia previamente, poner multas, inhibir para ejercer el comercio por hasta cinco años, es mucho".

"Desde el punto de vista de la producción, esta es muy parecida a una ley que se está aplicando en Venezuela con los resultados que conocemos: desabastecimiento, desinversión, desocupación e inflación"

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