Alejandro Fargosi, el abogado del fondo buitre Burford Capital que Milei puso como diputado
En 2025 encabezó la lista de candidatos libertarios a la Cámara baja y su gran carrera la hizo como representante legal del fondo buitre que litigó contra el país.
Alejandro Fargosi.
Alejandro Fargosi es abogado y diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires, donde encabezó la lista libertaria en las elecciones legislativas del año pasado, mientras que Patricia Bullrich hacía lo propio entre los postulantes al Senado.
Pero Fargosi es un caso muy particular: los porteños lo eligieron para la cámara baja sin saber, quizá, que su estudio fue el que patrocinó al fondo buitre Burford Capital, que litigó en contra la Argentina.
El legislador de 71 años participó del proceso privatizador de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, representando también a grandes compañías de nuestro país como Telefónica, Clarín y Fibertel.
Pero lo interesante del diputado Fargosi es que su estudio representó al grupo Marsans en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
Marsans, como se sabe, fue una multinacional que litigó contra nuestro país tras la reestatización de la aerolínea de bandera: en el mencionado organismo, el estudio Fargosi & Asociados representó a quien pedían un millonario resarcimiento.
En concreto, Fargosi logró que nuestro país debiera hacer pagos por cientos de millones de dólares al mencionado grupo; en realidad, al fondo que había adquirido en España el derecho a litigar: Burford Capital, al que el abogado y diputado libertario representaba.
El mismo fondo buitre que volvió a demandar a la Argentina, específicamente en el caso YPF, pero que esta vez perdió el juicio y mucho dinero (porque sus acciones en Wall Street se derrumbaron) a raíz del reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Como se sabe, en esa instancia se revocó la sentencia dictada por Loretta Preska, que implicaba un multimillonario pago en dólares, al desestimar los reclamos de Burford Capital por incumplimiento de contrato contra la Argentina, confirmando la decisión favorable a YPF y argumentando incluso que el proceso judicial jamás debió llevarse adelante.
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