La historia de una petrolera y de una demanda ilegal e irracional contra YPF y la Argentina
Un repaso de todo lo que, finalmente, derivó en el fallo histórico de la Corte de Apelaciones de Nueva York: desde la creación de YPF hasta hoy.
Este viernes se conoció un fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que, tanto desde el oficialismo como desde la oposición (con sus diferentes sesgos), es considerado “histórico”: nuestro país no deberá entregar acciones de YPF ni pagar indemnización alguna por la expropiación de la petrolera de bandera en 2012.
Tras más de una década de litigar en los tribunales neoyorquinos, la jueza Loretta Preska y el fondo buitre Burford Capital se quedan ahora con las manos vacías, en el marco de un proceso judicial que, en realidad, nunca debió haberse desarrollado, mucho menos donde tuvo lugar.
YPF: una historia de soberanía
En 1922, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se fundaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), compañía estatal integrada verticalmente que tuvo al militar e ingeniero civil Enrique Mosconi como su ideólogo y primer presidente y director ejecutivo (CEO, diríamos hoy en día), manteniéndose en ese cargo hasta el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930.
Durante más de seis décadas mantuvo el carácter estatal que la llevó a ser una de las petroleras más importantes del mundo y durante muchos como la más relevante de América Latina, extrayendo petróleo, siempre propendiendo al ansiado y necesario autoabastecimiento, y produciendo y comercializando combustibles en todos los rincones del país con una visión estratégica: alcanzar la soberanía energética.
La privatización de YPF
Pero durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, exactamente en 1993, se dispuso su privatización: el Estado mantuvo el 20 % del paquete accionario y la acción de oro, y un 12 % quedaba en manos de las provincias. El sector privado era propietario del 46 % del capital accionario pero hacia 1998 ya poseía casi el 75 %, aunque el Estado mantenía la acción de oro.
Fue para el proceso de privatización que se redactó un estatuto social que incluía un artículo, el 7, para proteger a los accionistas minoritarios, estableciendo que cualquier entidad o persona que adquiriera el control de la compañía (más del 51% de las acciones) debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a todos los socios restantes, pagando un precio predeterminado por fórmula.
En ese sentido, vale recordar que el mayor accionista minoritario, el Grupo Petersen de la familia Eskenazi, había financiado su compra inicial del 15% de las acciones con un préstamo del vendedor Repsol por 1.500 millones de euros, además de bancos internacionales. ¿Cómo pagarían ese préstamo? Con las ganancias que daba la empresa. Es decir: adquirieron las acciones a costo cero, pero comprometiendo obligatorias y eventuales inversiones en el corto, mediano y largo plazo.
La nacionalización parcial de YPF
Una fuerte disminución de las reservas de petróleo durante la gestión privada de Repsol y sus socios fue el motivo por el cual se dispuso la renacionalización de YPF, bajo la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.
Desde la adquisición por parte de la compañía española la caída fue del 54% en petróleo y del 97% en gas, debido a una crónica falta de inversiones. De hecho, en 2011 nuestro país tuvo que importar más petróleo y más gas que el que producía, por primera vez en varias décadas.
Así las cosas y bajo el impulso del gobierno peronista, con un amplio consenso popular y legislativo, entre abril y mayo de 2012 el Congreso aprobaba la ley titulada “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”, disponiendo la estatización del 51% de las acciones de la petrolera, declarando “de interés público” el “autoabastecimiento de hidrocarburos”, pero manteniendo la petrolera como sociedad anónima.
La nueva norma se aprobaba en el marco de la Ley de Hidrocarburos N°17.319/67, que especifica que los concesionarios petroleros deben efectuar las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión. Algo que, como se anticipó, los privados no hicieron ni pensaban hacer; al contrario, desde el principio de la gestión llevaron adelante un proceso de vaciamiento a través de la extracción sistemática de dividendos, no de petróleo ni de gas.
La demanda en Nueva York del fondo buitre Burford Capital
A principios de 2014, el gobierno argentino y Repsol anunciaban un acuerdo por medio del cual el Estado argentino proporcionaría a la compañía española bonos garantizados de distintos vencimientos, con un monto nominal que variaría para asegurar que Repsol recibiera unos U$S5.000 millones en compensación por el 51% nacionalizado dos años antes.
Suspendido el reparto de dividendos una vez que el Gobierno se hizo cargo de la gestión de la petrolera nacional, el Grupo Petersen acusó que, de esa manera, ya no contaban con ingresos para saldar los préstamos que habían tomado para comprar parte de las acciones a Repsol, de manera que se presentaron en concurso de acreedores ante los tribunales de Madrid, donde tenían domicilio legal.
El Juzgado Mercantil N°3 de la capital de España designó un síndico y subastó el derecho a litigar, el que fue adquirido por el fondo buitre Burford Capital, que a su vez demandó al Estado argentino basado en el mencionado artículo del estatuto de YPF, que protegía a los accionistas minoritarios.
La demanda por la expropiación de YPF se inició en abril de 2015 en los tribunales de Nueva York, donde la jueza Loretta Preska falló sistemáticamente contra el Estado argentino y a favor de Burford, dictaminando que la Argentina debía pagar U$S16.100 millones al fondo buitre en concepto de indemnización. El 15 de junio del año pasado y ante la falta de un acuerdo de pago, la misma magistrada ordenaba entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar ese monto.
El fallo que pone punto final a una demanda irracional e ilegal
Finalmente, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia dictada por Preska y desestimó los reclamos por incumplimiento de contrato contra la Argentina, confirmando la decisión favorable a YPF y argumentando incluso que el proceso judicial jamás debió llevarse adelante.
Tanto durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner como en las gestiones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y hasta la de Javier Milei, la estrategia de la defensa argentina fue la misma, en un excepcional caso argentino de “cuestión de Estado” (que trasciende a los gobiernos): ningún estatuto de empresa pública o privada puede estar por encima de la legislación nacional. Y la Corte de Apelaciones de Nueva York, con la firma de los magistrados Denny Chin y Beth Robinson, les dio la razón.
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