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Caso Skanska: Piantoni podría ir 10 años preso

*La noticia de la detención de quien fuera Presidente para Latinoamérica de la empresa sueca impactó en todos los medios de la provincia.
*El juez en lo penal tributario Javier López Biscayart lo imputó por "asociación ilícita para evasión tributaria".
*El oficio incluye a funcionarios y a ejecutivos, todos investigados por el pago y cobro de sobornos en la ampliación de un gasoducto.

La noticia de la detención de siete ex directivos de la empresa sueca Skanka repercutió fuertemente en los medios de la provincia ya que uno de ellos es nada menos que el cordobés Mario Piantoni, quien se desempeñó como Presidente para Latinoamérica hasta enero de 2005, cuando fue despedido. A pesar de eso, en el sitio oficial de Skanka aún figura como integrante y hasta se lo presenta como uno de los responsables de la expansión de la constructora "desde México hasta el Estrecho de Magallanes".

Ahora el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, uno de los magistrados que investiga la posible evasión tributaria de Skanska lo imputó por el presunto delito de "asociación ilícita para evasión tributaria". Esta figura penal contempla una prisión máxima de diez años de cárcel.

Piantoni, además de ser el Ceo para toda la región de Latinomérica, también tiene el mérito de ser el primero que despidió la empresa en enero de 2005 a raíz del escándalo, y ahora también es detenido con el primer grupo de funcionarios implicados en el caso.

La situación de Piantoni no sólo fue seguida por el juez López Biscayart. Guillermo Montenegro, el magistrado federal que investiga la causa por las coimas pagadas por la ampliación del Gasoducto del Norte, y que incluye además la construcción de una planta propulsora en Deán Funes, también lo tiene en la mira. De hecho, Montenegro pidió la semana pasada al Banco Central un detalle con los movimientos bancarios que los imputados en esta causa realizaron en los últimos tres años.

El oficio incluye a los funcionarios públicos y a los ejecutivos de la empresa sueca, todos investigados por el pago y presunto cobro de sobornos en la ampliación de un gasoducto. La medida se enmarca en el intento del juez por reconstruir la ruta que siguió el dinero, y se complementa con una larguísima cantidad de preguntas que se le envió a la AFIP, a la Inspección General de Justicia y a otros organismos.

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