Así son los portones nocturnos contra la inseguridad que generan polémica en una ciudad de Córdoba

Sociedad

La infraestructura de más de tres metros de altura permite el cierre de calles entre las 22 y las 6 para evitar hechos delictivos.

La ciudad de Villa Allende, Córdoba, se encuentra en el centro del debate luego de que comenzaran a instalarse portones metálicos en distintos barrios como parte de una estrategia para combatir la inseguridad durante la noche. La prueba piloto ya comenzó el jueves en zonas como como Loma Sur y Pan de Azúcar.

Las estructuras, que superan los tres metros de altura y alcanzan cerca de seis metros de ancho, permiten el cierre total de algunas calles consideradas críticas entre las 22 y las 6, según informaron desde el municipio.

La medida forma parte de una prueba piloto impulsada por el intendente Pablo Cornet en el marco del Programa Integral de Seguridad Vecinal. De avanzar sin inconvenientes, el sistema convertiría a la localidad en la primera del país en aplicar este tipo de control urbano de manera sostenida, luego de un antecedente fallido en Guaymallén, Mendoza, en 2010.

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Las obras ya muestran avances en sectores donde se realizan excavaciones y se colocan pilotes para sostener las estructuras. En Loma Sur, por ejemplo, está planificada la instalación de al menos cinco portones. A su vez, se analiza sumar pasos peatonales con barreras, con un funcionamiento similar al de los barrios cerrados.

El plan también incluye la instalación de cámaras de vigilancia, un refuerzo de monitoreo y un aumento del patrullaje policial en la vía pública.

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Una de las polémicas recae en que los portones no podrán abrirse de forma individual y los vecinos tampoco contarán con controles remotos ni mecanismos para hacerlo. El esquema prevé que desde las 22 y hasta las 6 las calles queden totalmente bloqueadas y que el tránsito se redirija hacia accesos habilitados.

A su vez, trascendió que la inversión total para la instalación de los 13 portones asciende a 106 millones de pesos, a lo que se suman más de 80 millones destinados a su colocación.

La iniciativa generó opiniones divididas entre los vecinos. Mientras algunos consideran que puede ayudar a reducir hechos delictivos, otros cuestionan la eficacia del sistema y advierten que limita la libre circulación.

La polémica escaló a tal punto que un grupo de residentes llevó el tema a la Justicia y se manifestó frente a Tribunales. “Seguimos recolectando firmas y confiamos en que el Tribunal Superior tomará una decisión justa”, señaló Pedro Yagüe, representante de quienes impulsan el amparo.

Del otro lado, el secretario de Gobierno, Felipe Crespo, defendió la medida y aseguró que "los vecinos de Villa Allende, de Lomas Sur y Pan de Azúcar, son unos privilegiados respecto de otros” porque el municipio destina recursos propios para mejorar la seguridad en esas zonas.

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