#Anuario2014: Fondos buitre, de la lucha solitaria al respaldo mundial contra el "chantaje"

Pero el Gobierno enfrentaba un problema adicional, dado que el pago a los fondos buitre -según la pretensión de Griesa- activaba la cláusula RUFO en beneficio de los bonistas que aceptaron el canje, y hubiese generado una deuda externa adicional por un piso de 120.000 millones de dólares, cifra que es más de la mitad de la deuda pública argentina, que orilla en la actualidad los 200.000 millones de dólares.

Griesa, por su parte, activó su fallo y obligó a "negociar" con los fondos buitre, introduciendo la figura de mediador a través del abogado neoyorquino Daniel Pollack.

La estrategia Argentina llevada adelante por el ministro de Economía, Axel Kicillof, fue -sin embargo- pagar en junio a bonistas del canje, al margen del fallo.

Griesa congeló dichos fondos, y dejó en un limbo jurídico internacional la situación del pago a acreedores del canje. Fue entonces que, técnicamente la Argentina, entró en default porque los bonistas no recibieron ese desembolso dentro de los plazos fijados aun cuando el país realizó los depósitos necesarios a tal efecto.

La firme decisión de no acatar orden de Griesa buscó poner en evidencia el error de interpretación de la cláusula 'pari passu' a nivel mundial, y el impacto sistémico que puede representar el fallo, además de la noción de la afectación de propiedad privada de terceros por la imposibilidad de cobro de los tenedores de bonos reestructurados.

También significó reforzar el concepto de voluntad de pago. Esto es, pagar según contrato del canje pese al bloqueo.

Siguiendo esa línea, el Congreso nacional aprobó la Ley de Pago Soberano que ofrece a los acreedores la alternativa de cobrar en Buenos Aires o Paris a raíz del bloqueo impuesto por el juez norteamericano.

En septiembre, el país realizó el primer depósito en la Capital Federal del primer servicio de deuda al amparo de esa nueva norma por unos 170 millones de dólares en Bonos Par, de los cuales 16 millones corresponden a títulos con legislación nacional y 154 millones a papeles con jurisdicción Nueva York, europea y japonesa, según confirmaron fuentes oficiales.

Además de este monto, quedaron depositados en Buenos Aires unos 165 millones de dólares a disposición de los acreedores que acepten cambiar la jurisdicción de pago y de agente fiduciario, ya que debería renunciar a la intermediación del Bank Of New York Mellon.

En simultáneo, el gobierno encaró una indeclinable y firme campaña diplomática, potenciando el concepto de "impacto mundial" y se orientó a la búsqueda de aliados.

Así consiguió pronunciamientos en distintos foros a favor de la postura argentina y contra los fondos buitre como: el FMI, G20, Naciones Unidas, OEA, BRICS, economistas y premios nobel, una carta de de apoyo firmada por 100 economistas reconocidos, ONG Jubileo, el parlamento inglés, gestiones de bonistas del canje ante justicia inglesa y de EE.UU y hasta el papa Francisco.

El mayor paso a nivel diplomático, sin duda, resultó la votación histórica en Naciones Unidas, que aprobó -en septiembre- el inicio de un cronograma de discusión para la concreción de nuevo marco Legal para las quiebras de países, alentado por la Argentina a través del G77+China.

En esa votación, la moción obtuvo 124 votos positivos, 41 abstenciones y sólo 7 votos negativos.

Ese pronunciamiento quedó reforzado el pasado 5 de diciembre, cuando la ONU aprobó la metodología, para darle forma al nuevo marco legal que, según los plazos estipulados, estaría listo para ser considerado durante próxima Asamblea Anual de mandatarios, en septiembre de 2015.

Asimismo, a nivel de mercados nació una nueva generación de bonos, como consecuencia del impacto del fallo de Griesa.

Bancos e inversores (CMA) promovieron cambios en los contratos, donde se explicita que la interpretación de 'pari passu' es contraria a la del fallo de Griesa. También nacieron las CAC reforzadas, donde el concepto de igual trato no es igual pago, y que determina que los holdouts necesitarán de una masa de bonistas de al menos el 25% para litigar.

Asimismo, desde ahora las mayorías del 75% en las CAC pueden ser de toda una serie o bien de toda la deuda del soberano.

El apremio por frenar el impacto del fallo de Griesa provocó que el FMI y el G-20 apuren el lanzamiento de estos nuevos bonos, y México fue el país elegido para realizar la primera emisión.

En tanto Griesa intentó aplicar su fórmula de pago con la Argentina, pero tuvo que dar marcha atrás con el embargo de los pagos, si bien dejó en un limbo jurídico a los de ley europea y estadounidense que se efectivizan a través del Bank of New York.

Además, declaró a la Argentina en desacato, pero la orden carece de aplicación práctica hasta el momento.

En tanto, el gobierno argentino diseñó medidas para revertir el impacto en las expectativas.

Entre ellas, se enumeran los acuerdos millonarios con China y Rusia, otorgar mayores divisas para importadores industriales como automotrices, el acuerdo de ingreso de divisas con cerealeras, mayores controles en el mercado de cambios, suba de tasas de interés, y endeudamiento interno "dolar link" para contener dólar y precios.

La última medida fue un canje de bonos Boden 2015 por efectivo o por Bonar 24, y del resultado se observa que los inversores no creen que la Argentina podría caer en incumplimiento el año próximo.

Desde el punto de vista político-económico, el Gobierno ganó la discusión y en la actualidad son pocos los que se animan a pedir que exista un acuerdo con los fondos buitre antes del vencimiento de la RUFO, el próximo 31 de diciembre.

Para el primer trimestre del año próximo se espera que comiencen negociaciones entre las partes, pero el Gobierno advirtió que lo hará "sin chantajes" y manteniendo la política de desendeudamiento.

Respaldo internacional

Los apoyos que cosechó la Argentina en 2014 en diversos organismos internacionales, en el marco de su disputa con los fondos buitre, brindaron un respaldo contundente a la postura del país por lograr una democracia global, capaz de plasmar mecanismos legales que compensen las inequidades que genera el capital financiero.

En la cuestión de la reestructuración de su deuda soberana, Argentina recibió un claro respaldo en Naciones Unidas, el Mercosur, la Celac y el G-20, además de contar con la adhesión de China y Rusia, dos naciones con las cuales el país mantiene una alianza económica estratégica.

Un día antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificara el fallo del juez Griesa, que ordenaba a Argentina pagar la totalidad de la deuda a los bonistas que no habían ingresado en los canjes de 2005 y 2010, el G-77 + China emitió un fuerte espaldarazo a la posición de la administración de la presidenta Cristina Kirchner.

El 15 de junio, los mandatarios de este grupo que nuclea a 133 naciones en vías de desarrollo y al gigante asiático, formularon, en la declaración final de la cumbre que se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra, un claro apoyo a la posición argentina.

En tanto que la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) advirtió, en una declaración difundida a fines de junio, advirtió que la decisión del magistrado neoyorquino amenazaba "con causar profundas consecuencias al sistema financiero internacional".

Por esos días, el Mercosur y la Comunidad de Estados de Latinoamérica (CELAC) se manifestaron en el mismo sentido y pidieron "la búsqueda de una solución que no comprometa el desarrollo económico de Argentina".

Argentina planteó entonces el tema en la Organización de Estados Americanos (OEA), que promulgó una resolución en la que se instaba a otorgarle a la Argentina "la oportunidad de reestructurar su deuda con un mecanismo justo y equitativo".

La postura contó con la aprobación de todos los miembros de la OEA con excepción de Canadá, que se abstuvo y de Estados Unidos, que aclaró que no podía pronunciarse porque se trataba de un litigio que se procesaba en una Corte de su territorio.

El grupo BRIC, que componen las naciones emergentes Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, también sumó su adhesión a la causa argentina con una declaración en el encuentro que se realizó en Brasilia a mediados de julio, y al cual asistió la mandataria argentina.

Además, en el marco de sus viajes a la región por esta cumbre, los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, visitaron Buenos Aires, y pese al litigio con los holdouts, ratificaron su decisión de reforzar los vínculos económicos con el país.

"La Argentina es el principal socio estratégico en América latina", dijo el mandatario ruso.

Por su parte, Xi Jinping destacó que China y Argentina resolvieron "de común acuerdo elevar las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral y reforzar la cooperación amistosa de mutuo beneficio".

El Gobierno decidió entonces que la cuestión debía ser planteada en las Naciones Unidas con el propósito de iniciar una discusión sobre el establecimiento de un sistema global sobre el capital especulativo global.

"No sólo son terroristas los que ponen bombas, sino también quienes desestabilizan la economía de los países y provocan hambre, miseria y pobreza. En épocas de buitres económicos y halcones de guerra necesitamos más palomas de la paz y respeto al derecho", advirtió Cristina Kirchner al hablar ante la Asamblea de la ONU que se aprestaba a considerar la iniciativa del país.

El 9 de septiembre, el cónclave de la ONU aprobó con el voto favorable de 124 países, la abstención de 41 y la negativa de 11, una resolución que expresó la necesidad de "fundar un marco jurídico en el seno del organismo que sea capaz de supervisar los mecanismos de intercambio financiero".

Días después, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reunido en Ginebra, Suiza, condenó a los holdouts y acordó investigar las actividades que llevan a cabo estos grupos financieros, en una resolución que cosechó 33 votos favorables, 5 en contra y 9 abstenciones.

En noviembre, y contra los pronósticos de varios analistas locales e internacionales, el G-20 -el grupo que congrega a las naciones que generan el 85% de la producción mundial- emitió, tras la cumbre que se realizó en Australia, una declaración que destacó "la necesidad de garantizar las reestructuraciones de las deudas de los estados".

Este mes, en Nueva York, 128 naciones -cuatro más que en la primera compulsa- ratificaron en la ONU la decisión de construir un marco regulatorio internacional ante estos fondos.

"Allí donde están representados todos los países del mundo, ganamos una posición que no es de la Argentina sino de las naciones con dignidad que defienden los derechos de sus pueblos", evaluó Cristina con respecto a la decisión de la ONU.

De este modo, en seis meses, Argentina recibió el aval de buena parte de la comunidad internacional en la lucha que libra por afianzar la reestructuración de su deuda soberana, impulsando un "multilateralismo activo y constructivo" en aras de una "verdadera democracia global", tal como afirmó la presidenta en septiembre ante la Asamblea General de la ONU.