Multan a bancos por operaciones sospechosas de compra y venta de dólares
La Unidad de Investigaciones FInancieras (UIF) aplicó multas de 1.600.000 pesos a los Banco Macro y Provincia.
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aplicó multas de 1.600.000 pesos a los Banco Macro y Provincia por no haber reportado, hace varios años, operaciones de compra y venta de dólares "que resultaron sospechas".
Según confirmaron fuentes judiciales "las sanciones se aplican por montos iguales al Banco y a los empleados que tenían responsabilidad de controlarlas, y tienen el mismo valor de las transacciones cuestionadas".
Las multas contra el Banco Macro son el corolario de sumarios iniciados contra la entidad por el organismo de fiscalización financiera. El primero tenía su origen en la compra y la venta de dólares que había hecho un cliente entre el 3 de octubre y el 11 de abril de 2006. "En ese lapso, había realizado nada menos que 108 operaciones", explicaron las fuentes.
El titular de la UIF José Sbatella indicó al portal Infojus Noticias que se trata de operaciones por montos que no respondían al perfil de los compradores que las hacían. "Esas operaciones se dieron durante seis meses y los bancos siguieron autorizándolas a pesar de que debían haberlas detenido", apuntó el funcionario.
En el portal se explica que entre los empleados multados, "se encuentra el hijo del director del Macro, Juan Pablo Brito Devoto, y el entonces oficial de cumplimiento del banco Provincia y hoy miembro del directorio Dámaso Larraburu, que en las últimas elecciones legislativas saltó el cerco y del bloque del Frente para la Victoria se pasó a la lista de diputados por el Frente Renovador de Sergio Massa".
La UIF también responsabilizó a empleados y a los directores del Macro Jorge Horacio Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, Jorge Pablo Brito, Roberto Julio Eilbaum, Alejandro Macfarlane, Carlos Enrique Videla, Guillermo Eduardo Stanley y Constanza Brito.
Se explica en el portal que el organismo modificó los plazos que tienen los bancos para reportar acciones presuntamente fraudulentas. "A los 150 días con los que contaban como tope, ahora se agrega un requisito más: a partir del día en que se termina el análisis de la operación examinada, el plazo máximo de entrega al organismo fiscalizador es de 30 días".
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