Fallo de Griesa afecta la propiedad privada de los bonistas

Economía

Abogados y tenedores que entraron al canje preparan su defensa legal para dar batalla en la audiencia con los fondos buitres: la decisión del juez es inconstitucional y viola las leyes de los Estados Unidos.

Abogados y bonistas que ingresaron al canje preparan su defensa legal para dar batalla en la audiencia con los fondos buitre, en la que buscarán persuadir a la Corte de Apelaciones de Nueva York de que el fallo del juez Thomas Griesa afecta la "propiedad privada de terceros" y que por lo tanto es "inconstitucional", según las leyes de Estados Unidos.

"El fallo de Griesa tiene impacto directo en las terceras partes y ésa es nuestra mayor preocupación", indicaron representantas de acreedores que ingresaron al canje.

El fallo del juez neoyorquino, que actualmente se encuentra suspendido, contempla el pago a los fondos buitre con las partidas destinadas por el gobierno argentino para cumplir con los bonistas que ingresaron al canje de deuda.

"Más allá de que la Corte considere que la Argentina violó o no las reglas -referidas al pari passu, tratamiento igualitario a los acreedores-, el remedio que busca imponer el fondo NML y reflejado en el fallo de Griesa es inconstitucional y viola la propiedad privada según las leyes de Estados Unidos y es algo que no tiene precedentes en este país", indicaron.

Otros abogados consultados -todo prefieren el anonimato antes de la audiencia- coinciden en que es factible que, tratándose de una audiencia donde las partes exponen sus argumentos, la Corte vuelva a girar por segunda vez a Griesa el fallo para revisar una solución que no afecte a los acreedores que ingresaron al canje de deuda.

El pasado 26 de octubre tres jueces de la corte de Apelaciones avalaron parcialmente el fallo del juez Thomas Griesa, pero pidieron la revisión del método de pago, que según el criterio de Griesa debe ser el 100% a los holdouts, en un sólo pago, y a costa de los fondos destinados a los bonistas que ingresaron al canje de deuda.

Griesa volvió a ratificar su decisión y explicitó el método de pago, que afecta a los acreedores que ingresaron al canje de deuda.

La Argentina debía depositar una 1330 millones de dólares con los próximos pagos del cupón atado al PBI, y ponerlo en una cuenta en garantía para los holdouts y fondos buitre.

La corte de Apelaciones hizo lugar luego a un recurso de emergencia de "stay" del gobierno y congeló la medida, lo que posibilitó que la Argentina pagara el cupón atado al PBI en diciembre. La medida seguirá congelada hasta la resolución del caso.

En paralelo, el gobierno argentino pidió una revisión "en banc", con los trece jueces de la cámara, donde recibió apoyo del gobierno de Estados Unidos. La corte aún no se expidió en este tema.

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