Gobierno bonaerense en guerra con prepagas por cláusulas abusivas

Economía


  • El Gobierno bonaerense intimó a 29 empresas de medicina prepaga.
  • Es para que eliminen de los contratos que celebran con sus afiliados cláusulas que violan la Ley de Defensa del Consumidor.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires intimó a 29 empresas de medicina prepaga para que modifiquen algunas cláusulas que figuran en los contratos que celebran con sus clientes que, según los técnicos de la Dirección de Comercio, vulneran la Ley de Defensa del Consumidor. Entre los artículos considerados “abusivos” figuran aquellos que obligan a los asociados a pagar adicionales cuando cumplen 65 o 70 años y las que excluyen de la cobertura a las enfermedades preexistentes por el afiliado, sean o no conocidas por él.
 
Las empresas –vinculadas con hospitales y clínicas privados que tienen sus propios planes de medicina- tienen 15 días para "modificar o eliminar" estas cláusulas, según una resolución del Ministerio de la Producción dada a conocer por el diario Clarín. Fueron denunciadas por usuarios al Departamento de Orientación al Consumidor (0800-222-9042) y entre ellas se encuentran involucradas firmas reconocidas, con sede en Capital, y asociaciones que prestan servicios en Mar del Plata, Lomas de Zamora, San Isidro y La Plata, entre otras ciudades.

De los 12.000 llamados que recibió el Departamento de Orientación al Consumidor, el 2,75% fueron protestas contra las prepagas, un total de 303 durante esta primera mitad de año.

Los abogados del gobierno reclamaron a las prepagas con servicios en la provincia que presentaran ante el organismo de control los contratos de adhesión, reglamentos y toda la documentación que se entrega a los usuarios al afiliarse. Treinta y seis de las empresas cuestionadas presentaron carpetas y en veintinueve se detectaron cláusulas “abusivas”.

En el caso del aumento en la tarifa por edad, los técnicos evaluaron que "las empresas trasladan en forma injustificada sus costos y el riesgo empresario a los afiliados". Además, se pudo conocer que los futuros clientes deben hacerse cargo de los estudios que detectan la existencia de enfermedades, un requisito que las prepagas exigen para prestar sus servicios.

Las firmas deberán modificar además los artículos que las habilitan a rechazar a un cambio de plan sin explicación que lo justifique. "Implica una renuncia de los derechos del afiliado y una ampliación injustificada de los de la prepaga", aclaró la ministra bonaerense Débora Giorgi.

El problema de esta actividad comercial es que no está regulada, por lo que no existe un registro que concentre el listado de prestadores y, además, los contratos y las tarifas se rigen por convenio entre particulares.

Las prepagas que fueron intimadas tienen dos alternativas: o modifican sus contratos o inician acciones judiciales. De todas formas, la Dirección de Comercio está facultada para aplicarles multas de entre 500 y 500.000 pesos.

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