La Corte confirmo una multa a la calificadora de riesgo Standard & Poor's
Estableció la responsabilidad de la sociedad local de la firma por haber realizado una calificación de títulos como de mejor calidad y bajo riesgo sin cumplir con sus propios procedimientos.
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Luego de destacar las contradicciones en las que incurrió la calificadora, tanto en la instancia administrativa como judicial, la Corte concluyó que la conducta asumida por aquélla en el presente caso no sólo resultó contraria a la integridad con la que sostuvo haber realizado los procesos de calificaciones en cuestión sino también a los estándares de cuidado y transparencia exigibles para el ejercicio de su función.
Por otra parte, consideró reprochable la actitud adoptada por la calificadora al sostener falazmente que los títulos en cuestión contaban con el respaldo de las casas matrices de los bancos emisores.
Destaca el fallo que la relevancia que las sociedades calificadoras de riesgo tienen en el funcionamiento de los mercados, implica un mayor deber de previsión respecto de las decisiones que adoptan. "Ello, a su vez, las obliga a adoptar todas las medidas internas exigibles a un buen profesional de la actividad, al control de sus resultados a fin de evitar errores cuya repercusión pueda afectar a terceros y a respetar todos los procedimientos de auditoría conforme con las prácticas internacionales".
"El impacto que tienen los informes de las calificadoras de riesgo es consistente con la exigencia de una conducta ajustada a los más estrictos criterios de buena fe y transparencia. Este tipo de comportamientos por parte de los calificadores de riesgo, lejos de cumplir con las funciones que las normas les asignan, son susceptibles de generar confusión y hasta error en el público inversor. La seguridad jurídica está comprometida cuando los consumidores y usuarios padecen la falta de certeza o los errores de quienes deben darle confianza", dice la Corte en el fallo.
En tanto, los ministros Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Carmen Argibay rechazaron los recursos de los demandados sin tratar el fondo del asunto, manteniendo la decisión de la Cámara Comercial que confirmaba la sanción de la CNV.
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