Las quiebras empresarias en la Argentina de Milei se apilan una sobre otra, ahora le tocó a un aserradero

Economía

La empresa misionera dejó en la calle a 130 trabajadores y acumula deudas por indemnizaciones por despido por casi 2 mil millones de pesos.

A contramano del relato libertario, en la Argentina de Javier Milei y Luis Caputo siguen cerrando empresas. Ya son más de 33 mil las compañías que bajaron sus persianas de manera definitiva en los casi tres años de gestión de La Libertad Avanza (LLA) merced del derrumbre del consumo interno y de la avalancha de importaciones provenientes principalmente de China.

Ahora fue el turno del aserradero Linor SRl. La Justicia decretó la quiebra indirecta de la histórica maderera que fabricaba pallets ubicada en la localidad misionera de Azara tras verificar el incumplimiento del concurso preventivo de acreedores. Además de ordenar el secuestro inmediato de instalaciones, vehículos y maquinarias, la jueza le prohibió abandonar el país al socio gerente y fundador de la compañía Juan Carlos Lorenzo. Mientras los montos adeudados a unos 130 trabajadores por indemnizaciones pueden alcanzar los 15 millones de pesos por operario

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de Posadas, a cargo de Adriana Beatriz Fiori, decretó la quiebra indirecta de la empresa y dispuso una serie de medidas para preservar el patrimonio remanente de la firma y cuantificar las obligaciones pendientes. Entre las instrucciones principales figura el secuestro de la totalidad de las instalaciones industriales, inmuebles, vehículos, maquinarias y registros comerciales, los cuales quedarán bajo la órbita de una Sindicatura Plural integrada por el Estudio Karaben, Granada, Villalba, Cassin y Asociados.

La planta de Linor en la localidad misionera de Azara.

La planta de Linor en la localidad misionera de Azara.

La resolución faculta a los administradores judiciales a requerir el auxilio de las fuerzas públicas, colocar fajas de clausura e impulsar allanamientos en caso de detectar resistencias. De manera paralela, la jueza determinó la inhibición general de bienes de la sociedad y dispuso el congelamiento absoluto de sus depósitos bancarios, valores financieros y correspondencia.

Sospechas de vaciamiento

La quiebre indirecta de la empresa se produjo a 17 meses de un tenso episodio cuando durante una asamblea con el personal, Lorenzo pronunció una frase que quedó registrada en video: "No laburen, muchachos, cerramos esto y cobran cuando esto se remate". La declaración reflejaba el preludio del cese de operaciones que terminó consumándose en mayo de 2026 con la paralización de la planta instalada sobre la ruta provincial 1 en la localidad de Azara, cerca del límite con Corrientes.

La etapa previa al cierre estuvo marcada por el estado de alerta del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP), cuyos afiliados realizaron guardias y vigilias nocturnas al detectar maniobras orientadas al retiro de rodados y equipamiento hacia la provincia vecina. Aunque en aquel momento se obtuvo una medida cautelar para resguardar los activos, los trabajadores denunciaron que en los últimos meses el predio desprovisto de custodia sufrió desmantelamientos, robos de cableados, motores e instalaciones de transformadores. Frente a este escenario, la conducción sindical confirmó el envío de una escribana pública para elaborar un inventario notarial detallado del estado del establecimiento.

En tanto el secretario general del SOIMP, Agustín Báez, salió al cruce de los dueños de la empresa que pretendían atribuir el colapso del aserradero únicamente al contexto de desaceleración que padece el sector forestal. El dirigente remarcó que la firma contaba con una infraestructura de gran envergadura y una sólida cartera de clientes antes de detener su producción. Con más de dos décadas de trayectoria Linor se posicionó como un referente en la fabricación de pallets y esquineros madereros para abastecer a firmas de consumo masivo como Arcor, Quilmes y Loma Negra, sumado a la operatoria logística de Transportes Lorenzo y envíos de exportación a Brasil.

El deterioro económico de la fábrica se agudizó fuertemente entre 2024 y 2025 hasta volverse insostenible. En la nómina de acreedores de mayor peso figura la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama ejecuciones fiscales por montos que superan los 500 millones de pesos, a los que se agregan compromisos impagos de aportes con la entidad sindical. Antes de la parálisis total, los operarios habían aceptado quitas salariales del 20% como un intento de preservar los puestos de trabajo, exigencia que no impidió el envío masivo de los telegramas de despido.

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