La Ley 20.680 fue sancionada en 1974 durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, cuando el Ministro de Economía era José Bel Gelbard. La idea básica de esa ley era la protección de los ciudadanos contra las prácticas de desabastecimiento generadas por las empresas privadas. Para las nuevas generaciones, eso quizás suene disparatado, pero es oportuno recordar que el lock out (es decir, el bloqueo empresarial) al gobierno de Salvador Allende en 1973 había generado cierto descontento social que funcionó en alguna medida como colchón del sangriento golpe de Augusto Pinochet.
La ley prevé sanciones de multa, arresto de hasta 90 días, multas de 500 a 1 millón de pesos inhabilitación o prisión y clausura del establecimiento por 90 días a los empresarios que sean encontrados responsables (por un juez) de estar cometiendo el delito de no abastecer el mercado.
Eso está desglosado en varias acciones delictivas. Las mas significativas son elevar artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, acaparar materias primas o productos o formar existencias superiores a las necesarias o destruirr mercaderías y bienes; o impedir la prestación de servicios
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El decreto 2284/91, ratificado por la Ley 24.307 suspendió algunas disposiciones de esta Ley salvo en lo que se refiere a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte normas sobre comercialización, intermediación, distribución y/o producción.
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Según dicen los historiadores, una de las bondades de la Historia como disciplina es la posibilidad de no cometer dos veces el mismo error. El conflictivo escenario internacional que enmarcó la aprobación de la Ley de Abastecimiento (que incluyó la llamada “crisis del petróleo”, es decir un bloqueo de los países árabes) determinó que la salida “por derecha” del modelo de Gelbard desembocara en la mas famosa devaluación de la Argentina, encabezada por Celestino Rodrigo conocida como “el Rodrigazo”.
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