Organizaciones de Derechos Humanos piden por "Beatriz"
La joven salvadoreña tiene 22 años, lupus, insuficiencia renal y un embarazo de un feto anencefálico sin posibilidad de sobrevida. Su vida corre peligro, pero la Corte Suprema de su país le negó el aborto terapéutico.
La causa llegó a los tribunales superiores de justicia salvadoreña y también a las dependencias de los organismos internacionales. La conocen como Beatriz, pero es un pseudónimo que resguarda su identidad. Tiene 22 años, un embarazo de cinco meses, lupus e insuficiencia renal. Se agravó con el embarazo y el feto es anencefálico –no tiene cerebro- por lo que no sobrevivirá. Esperaba hace más de un mes y medio que la Corte Suprema avalara el aborto que necesita para salvar su vida. Le dijeron que no.
Las manifestaciones, que coparon durante las últimas jornadas las calles de San Salvador, la capital local, llegaron a organizaciones feministas y de derechos humanos de todo el mundo. Desde cada rincón de Latinoamérica, pero también desde Europa –políticos de España y Francia, por ejemplo- se han pronunciado voces de apoyo. En España, Amnistía Internacional entregó casi 90 mil firmas a la embajada de El Salvador, clamando por la vida de Beatriz.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió al Estado salvadoreño que permita el aborto. Lo mismo han hecho desde la Organización de las Naciones Unidas e incluso el propio ministerio de Salud local la ha apoyado: la ministra, María Isabel Rodríguez, ha dicho varias veces que espera tener el aval para inducir el parto (puesto que, técnicamente, pasadas las 20 semanas ya no deberían hablar de aborto).
Del otro lado están los grupos clericales –en un país netamente católico- agrupados tras la organización Derecho a Vivir. Un grupo que postula incluso que Beatriz es un caso ficticio para que cambien las reglas. Que los "abortistas" están usando esa tapadera.
Lo cierto es que El Salvador, un pequeño enclave ultra católico con 6 millones de habitantes, es uno de los pocos países latinoamericanos que no admiten salvedades a las sanciones penales para casos de aborto. Incluso en casos de riesgo de vida materna o de fetos ya muertos. Ni siquiera en violaciones.
Desde 1997, la modificación del Código Penal eliminó la posibilidad de morigerar o eliminar las sanciones penales en los casos excepcionales en que el aborto fuera un método de supervivencia o por embarazos producto de violaciones. Las estadísticas, difusas y poco fiables producto de la ilegalidad, numeran entre 5 mil y 10 mil casos de partos inducidos que son atendidos luego en hospitales. Las tasas de mortalidad materna, tan manoseadas y ocultas, superan largamente los promedios continentales.
Sin embargo, la mayor parte de las estadísticas se han perdido tras el manto del aborto en secreto. Del aborto doméstico. Por una suma variable entre 50 y 200 dólares miles de mujeres obtienen medicamentos ilegales para inducir el parto. Se trata de misoprostol y dinoprostona –en su variable genérica- y de Cytotec y Cervidil 10 –en la versión patentada. Uno es una pastilla que, aplicada vaginalmente, causa hemorragias que pueden provocar pérdida del embarazo, y funciona hasta las 12 semanas desde la concepción. El otro es un gel que se aplica dentro de la vagina e induce el parto –usado a partir de las 38 semanas en las salas de parto, precisamente- y que, aplicado fuera de término, ayuda a la pérdida del embarazo.
Ese es el principal problema de las muertes maternas en El Salvador. Por eso –y por la vida de Beatriz- miles de personas seguirán las manifestaciones. Hasta que la Corte Suprema cambie de parecer, hasta que el gobierno tome cartas en el asunto o hasta que, vencida y urgida, Beatriz viaje fuera del país a alguno de los sitios que le ofreció realizarle el aborto.
Por Brian Majlin
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