Fueron arrestados unos 1.600 militantes de la oposición, un día después de que el presidente Pervez Musharraf decretara el estado de excepción y descabezara a la Corte Suprema.
Washington pidió a Islamabad un pronto reestablecimiento del “orden constitucional”.
Más de 1.600 opositores y activistas pro derechos humanos fueron detenidos hoy en Pakistán, un día después de que el presidente Pervez Musharraf decretara el estado de excepción y suspendiera la Constitución.
Un portavoz de la Liga Musulmana del ex jefe de gobierno Nawaz Sharif, dijo en Islamabad que "antes de la salida del sol la policía arrestó a decenas de altos funcionarios y miembros del partido en sus casas", informó la agencia DPA.
Entre los que se encuentran bajo arresto domiciliario están, según informaciones de medios, el jefe del Movimiento por la Justicia y ex estrella del cricket, Imran Khan, así como la presidenta de la comisión de derechos humanos de Pakistán, Asma Jehangir.
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También el vicepresidente del partido de Sharif, Javed Hashmi, que había dicho que los días de Musharraf estaban contados y que la intervención militar y los affairs políticos acabarían pronto.
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Partidos y abogados de la oposición anunciaron para mañana lunes protestas contra el decreto del estado de excepción. La líder de la oposición Benazir Bhutto, que volvió a Pakistán ayer sábado tras un viaje, dijo a la televisión británica BBC que "los partidos políticos piden la restauración de la Constitución y la celebración de elecciones bajo la vigilancia de una comisión electoral independiente.
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"La comunidad internacional debe exigir a Musharraf que restaure el orden constitucional", dijo Bhutto.
El primer ministro Shaukat Aziz justificó las medidas adoptadas el sábado, argumentando que apuntan a "reforzar el orden jurídico del gobierno, fortalecer la ley, ordenar la situación y mantener la armonía entre la magistratura, el Ejecutivo y el Parlamento, para que el gobierno pueda funcionar tranquilamente".
Aziz agregó que el estado de excepción será mantenido "tanto como sea necesario, aunque nuestro deseo es sostenerlo el menor tiempo posible".
El premier también anunció que las elecciones parlamentarias, en principio previstas para enero de 2008, podrían aplazarse hasta dentro de un año. "No obstante, todavía no se ha tomado una decisión", matizó.
Musharraf decretó ayer sábado el estado de excepción, suspendió la Constitución y nombró a un nuevo titular de la Corte Suprema. En el puesto del hasta ahora máximo juez de la corte, Iftikhar Chaudhry - conocido por su oposición a Musharraf- fue nombrado el jurista Abdul Hamid Dogar.
Asimismo, en el decreto del presidente se prohibió a los tribunales del país emitir fallos contra el mandatario, que justificó la medida con la inestabilidad que vive el país.
El tribunal estaba a punto de anunciar su decisión acerca de si Musharraf tenía derecho a presentarse para su reelección a principios de octubre. La oposición calificó de ilegal su candidatura por ser también jefe de las fuerzas armadas, algo que prohíbe la Carta Magna. Musharraf consiguió entonces ser confirmado por otro mandato por el Parlamento en una elección boicoteada por la oposición.
El presidente, aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, aseguró que la medida no apunta a ningún tipo de beneficio personal, sino a reforzar el gobierno contra la creciente insurgencia que azota el país.
En este sentido criticó a la corte por haber liberado decenas de presuntos terroristas retenidos por las agencias de inteligencia -de forma ilegal- durante varios años.
"Los extremistas se mueven con libremente por todo el país. No tienen miedo de las instituciones encargadas de aplicar la ley", dijo el militar, que aseguró que el país estaba "al borde de la desestabilización" por el conflicto surgido entre los poderes ejecutivo y judicial.
Chaudhry se negó a acatar la orden presidencial y encabezó un grupo de siete miembros de la corte suprema que declaró la medida anulada, antes de que su reemplazante jurara el cargo.
La mayoría de los jueces en todo el país también se opusieron a la medida. Según los medios, algunos de ellos fueron sometidos a arresto domiciliario.
La comunidad internacional respondió las medidas de Musharraf con un rechazo generalizado.
La secretaria de Estado norteamericana, Condoleeza Rice, pidió hoy desde Jerusalén "un rápido retorno al orden constitucional" en Pakistán y moderación a todos los partidos.
A Pakistán y a su pueblo le interesa "una afirmación de que habrá elecciones para elegir un nuevo Parlamento", dijo Rice antes de reunirse con la ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni. "Estados Unidos no apoya - y comunicó a los líderes paquistaníes antes de esta acción que no apoyaría- medidas extra- constitucionales".
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el español Javier Solana, mostró hoy en Bruselas su preocupación por la situación en Pakistán, y pidió al gobierno en Islamabad que regrese al derecho y a la ley.
Aunque Pakistán deba enfrentarse a una situación política interna difícil y a condiciones de seguridad peligrosas, "el debilitamiento de la línea general democrática no puede ser la solución", advirtió. Solana también exigió que se mantenga el plazo previsto para las elecciones parlamentarias.
El gobierno de la vecina India lamentó en la noche del sábado el decreto del estado de excepción y reaccionó con preocupación, aunque India continúa confiando en que el país volverá pronto a un comportamiento político normal y continuará la transición a la estabilidad y la democracia, dijo un portavoz del ministerio de Exteriores indio.
India y Pakistán se enfrentaron en tres guerras desde 1947 y a comienzos de 2004 comenzaron las negociaciones de paz.
Las ediciones dominicales de los diarios locales también criticaron las medidas de Musharraf, que atribuyeron a un intento del presidente por salvar su poder personal. El diario liberal "Dawn" interpretó la situación como un "segundo golpe" llevado a cabo por el general, después del que le dio las riendas del país en 1999.
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