Barack Obama, el electo presidente de lo Estados Unidos, había prometido en su campaña que pondría fin a la cárcel de Guantánamo, donde se encuentran alojados unos 255 detenidos acusados de terrorismo por el gobierno norteamericano. En la búsqueda de cumplir con esa promesa, el reemplazante de George W. Bush ya tiene a sus asesores trabajando en las posibles medidas para cerrar el centro de detención.
La cuestión para el demócrata es qué hacer con los detenidos. Una de las propuestas que analiza el equipo de Obama es juzgarlos en cortes federales o en la jurisdicción militar ordinaria.
Así, muchos de los presos serían trasladados para ser juzgados por tribunales penales. Y otros podrían ser devueltos a sus países de origen, pero como en ese caso muchos de ellos correrían riesgo de muerte, podrían ir a otros países dispuestos a recibirlos. En ese sentido se pronunciaron decenas de ONG que piden a países europeos que cooperen con el futuro gobierno de Obama.
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También habría un tercer grupo de sospechosos que serían juzgados por un nuevo tribunal diseñado para atender a “los casos más sensibles relacionados con la seguridad nacional”, según los asesores del presidente electo.
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La misión que se propone el nuevo gobierno a partir del 20 de enero no es simple. No sólo necesitará la colaboración de las autoridades militares, sino también la ayuda de terceros países.
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También queda por resolver qué se hará con los casos que ya comenzaron a ser juzgados en el ámbito de una jurisdicción especial militar, denunciada por su excepcionalidad legal y su violación del Derecho Internacional.
El anuncio surgido del equipo de Obama coincide con la petición de cinco grandes ONG —Center for Constitutional Rights, International Federation for Human Rights y Reprieve, junto a Amnistía Internacional y Human Rights Watch— a Europa para que "ayuden" al próximo presidente de EEUU a cerrar Guantánamo y acojan a unos 50 presos que no pueden volver a sus países por estar amenazados de tortura.
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