Piñera insiste ante Cristina para que extradite a ex guerrillero
El mandatario chileno volverá a pedir que Apablaza sea enviado a Santiago para ser juzgado por el asesinato de un senador.
El presidente de Chile, Enrique Piñera, aseguró que volverá a pedirle a Cristina Fernández de Kirchner que extradite al ex guerrillero Galvarino Apablaza, responsabilizado por el asesinato de un senador. El abogado defensor denundió una "persecución política" de parte del "pinochetismo".
"Vamos a conversar con la presidenta Cristina Fernández. Y por supuesto, yo creo que una persona que cometió un crimen tan grave, y que le costó la vida a un senador, y lo cometió en Chile, debiera ser juzgado en los tribunales chilenos. Y para eso estamos trabajando", reiteró hoy el presidente Piñera.
La presidente llegará esta noche a Santiago de Chile para participar de los festejos por el Bicentenario del país vecino. En el marco de esa visita, Piñera reiterará el pedido de extradición del ex guerrillero, que en nuestro país cuenta con la protección de las organizaciones de Derechos Humanos y logró que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pidiera su asilo político.
"Galvarino estuvo detenido desde el 2004, y tras un juicio oral y público quedó en libertad", explicó Bonafini el miércoles pasado. Apablaza está acusado de asesinar al senador chileno Jaime Guzmán Errázuriz y al director del diario El Mercurio, Christian Edwars del Río.
Mientras tanto, el abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, sostuvo que la maniobra del gobierno chileno para extraditar al ex guerrillero se trata de una "persecución política" a cargo del "pinochetismo" y que "de ningún modo puede entenderse como dañar relaciones bilaterales".
"Si insisten con que el refugio es dañar las relaciones (bilaterales), es que no cumplen con los pactos", expresó Yanzón, para quien "el refugio político no es un acto gracioso, sino que es un análisis sobre la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados".
El caso de Apablaza revivió después de que la Justicia de Chile determinara que los crímienes cometidos "son ajenos a la tradicional noción de delito político". El hombre está tramitando su asilo político desde su llegada al país, en 2004, y su caso está en manos del Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare), que depende del Ministerio del Interior.
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