Proponen sancionar a la prensa de Venezuela por "delitos mediáticos"

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*La fiscal general de la nación bolivariana pidió a la Asamblea Nacional que se castigue a los medios que manipulen la información.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió ayer al parlamento de ese país mayor rigidez contra los medios de comunicación que cometan los llamados "delitos mediáticos" ya que consideró necesario que el Estado "regule la libertad de expresión".

Ortega Díaz pidió que se aplique una pena de seis meses a cuatro años de cárcel para quien manipule información que provoque "perjuicio a los intereses del Estado", o a la salud mental y la moral pública, según informó hoy el diario Clarín.

"En el país se respeta la libertad de expresión", sostuvo la fiscal general, al tiempo que recalcó que "en el marco del derecho de los venezolanos tiene un límite". Por eso, la mujer reclamó ayer ante el parlamento venezolano - formado en su mayoría partidarios del presidente Hugo Chávez- que "se le ponga un límite a ese derecho".

En su discurso, Ortega Díaz se refirió a los "nuevas formas de criminalidad" que habrían surgido en el país a partir del "uso abusivo de la libertad de expresión" y de información". Además, señaló que los medios “no pueden ser utilizados para cometer actos punibles” ni pueden “generar clima de inseguridad, ni generar a través de la noticia sensación de impunidad”.

Por su parte, el gremio de periodistas venezolanos, el Colegio Nacional de Periodistas, emitió un comunicado donde estableció que “los medios no existen para calmarle el estrés, ocultarle los hechos o servirle de enfermeros a los funcionarios públicos”.


 


Según el proyecto de ley presentado por la fiscal, los delitos “mediáticos” serían la negativa a revelar información, o la omisión voluntaria de suministrar información (por ejemplo, las fuentes consultadas por el medio). Además, la nueva ley apuntaría a proteger el derecho de los periodistas a no “decir hechos que no les constan o que no ocurren”.

Sin embargo, lejos de recibir con alivio la iniciativa para protegerlos, el Colegio Nacional de Periodistas calificó de “brutal” el proyecto porque “colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas”.

La relación entre el gobierno venezolano y los medios de ese país se volvió tirante a raíz del cierre del canal de televisión RCTV, que se produjo en mayo de 2007. Por estos días, el Estado bolivariano mantiene abiertas 240 procesos administrativos contra radios de capital privado (que podrían perder su licencia para salir al aire), y le inició cuatro procesos en seis meses al canal de televisión privado Globovisión. Chávez mantiene una disputa con el titular de ese canal, Alberto Ravell, desde el cierre de RCTV.

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