El abogado constitucionalista analiza el alcance de los proyectos enviados por el gobierno nacional al Congreso para avanzar en la democratización de la Justicia. Falta, asegura, definir la periodicidad de los mandatos de los jueces.
Eduardo Barcesat
Escribe Eduardo Barcesat (*)
Los proyectos que debatirá el Congreso Nacional para avanzar en la denominada "democratización de la Justicia" no sólo son excelentes sino que permiten que el artículo 1 de la Constitución Nacional, que habla de gobierno representativo y republicano, alcance finalmente al ámbito del Poder Judicial también.
En la Argentina el Poder Judicial fue erigido sobre la base de esa antigua concepción tomada de la Constitución de los Estados Unidos que plantea un poder aristocrático y vitalicio justificado en la supuesta necesidad de evitar posibles desbordes populistas de los poderes políticos. Así, al ser más representativo el pueblo podrá elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura e igualará la situación al elegir los representantes de los tres poderes del Estado. A esto se suma que habrá un activo control de gestión lo que lo acerca aun más a la idea de un gobierno representativo y republicano.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Podría, eso sí, criticarse que falta avanzar en la periodización de los mandatos de los jueces para que, reforma constitucional mediante, los mandatos de los magistrados sean renovables y duren, por ejemplo, ocho años al tiempo que por medio de concursos de antecedentes y oposición se renueve o se reemplace el juez en ejercicio de modo de garantizar siempre la excelencia y la mayor idoneidad de quien apunta a administrar justicia.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La iniciativa del gobierno nacional va además a garantizar el acceso a la justicia y va a dinamizar las causas porque si bien algunos piensan que una tercera instancia va a volver más lento y complejo el procedimiento esto va a liberar a la Corte Suprema. En la actualidad llegan 14 mil causas por año al máximo tribunal vía recurso extraordinario, de queja, por arbitrariedad de sentencia. La Corte no puede tratarlas a todas. Podría decirse que se ve obligada a tirarlas por la borda a la mayoría. De esas 14 mil causas apenas puede resolver unas 300 o 400 por años. De ahora en más va a seguir resolviendo en concreto 300 o 400 por año pero sin tener que tirar por la borda el resto y sin tener que imponer trabas artificiales.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Por otra parte quienes critican la participación ciudadana de los integrantes del Consejo de la Magistratura olvidan que se trata de un órgano político, por lo tanto es lógico que sea ungido con representantes políticos en representación además de la abogacía, de la judicatura y de los académicos. Esto, me parece, redundará en una representación popular saludable, porque no creo que los abogados sean mejores electores, o los jueces o los académicos que lo que puede ser el pueblo de la Nación argentina llamado a elegir su representación.
Es una apuesta a favor de la voluntad popular que, cabe recordar, es donde reside precisamente el principio de soberanía de acuerdo con el artículo 33 de la Constitución Nacional.
Con todas estas reformas vamos hacia un Poder Judicial de la Nación que de aquí a 3 o 4 años habrá logrado desprenderse de las ataduras que mantiene con la administración de Justicia de la dictadura militar.
(*) Eduardo Barcesat es abogado constitucionalista
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dejá tu comentario