La Justicia, más cerca de las necesidades de la sociedad
La diputada nacional por el Frente para la Victoria destaca la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Nacional para avanzar en la democratización de la Justicia y crítica la postura de la oposición.
Escribe Diana Conti (*)
Los proyectos de reforma judicial presentados este lunes por la presidente de la Nación tienden a acercar a la Justicia a las necesidades de la sociedad, que ésta sea accesible y controlable en su calidad de gestión y para que los ciudadanos que no podemos resolver los conflictos que nos separan podamos acudir a la Justicia y sepamos que tendremos una pronta resolución. De esta manera se disminuirán además los índices de violencia por el simple hecho de que se reducirán los intentos de lograr justicia por mano propia.
El permitir además el acceso de la ciudadanía, de la participación ciudadana al Consejo de la Magistratura, asegura una mayor participación en la elección de candidatos a jueces, su selección, etc.
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Desde la oposición, aun antes de conocer los proyectos de ley, se oyeron voces críticas. En bloque salieron a rechazar la iniciativa y aseguran que se trata de un intento por limitar la independencia del Poder Judicial. Una avanzada contra la independencia judicial aseguran. Sin embargo, lo que no dicen, es que de algún modo la justicia ya ha venido mostrando que tiene núcleos resistentes que no son independientes. No son independientes de los poderes fácticos, en especial de los económicos concentrados y esto lo revela en toda su dimensión la utilización distorsionada de las medidas cautelares que impiden hasta la aplicación de leyes votadas en el Congreso de la Nación. Quizás el caso más claro es el de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuya plena aplicación está frenada desde hace más de tres años por una medida cautelar.
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Por esta razón, la reglamentación y el límite de seis meses que se quiere imponer a la vigencia de las medidas cautelares hasta la resolución de la cuestión de fondo en cada causa constituye una regulación racional de estos instrumentos cuando son contra el Estado, que representa el interés de 40 millones de argentinos. Máxime en asuntos de carácter patrimonial en los que el demandante de una medida cautelar usualmente es una empresa, una corporación o un ciudadano, pero sólo uno.
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La oposición sigue rechazando todo, aun cuando desconocen de qué se trata. Se opusieron a la iniciativa incluso antes de que se conocieran los detalles y se oponen ahora que siguen sin conocerlos porque de la presentación del proyecto que tuvo lugar el lunes en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada no quisieron participar. Es en realidad más de lo mismo. Pido que me llamen al diálogo pero cuando me llaman no voy para seguir diciendo que no hay diálogo.
(*) Diana Conti es diputada nacional por el Frente para la Victoria
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