El diputado nacional por el PRO, Pablo Tonelli, analiza el proyecto de democratización de la justicia que envió el gobierno nacional al Congreso y reclama que se apliquen los mismos criterios al Poder Ejecutivo.
Escribe Pablo G. Tonelli (*)
La presidente ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio, como quedó en evidencia el lunes con los anuncios que hizo respecto de la pretendida "democratización" de la justicia. Si no fuera porque el kirchnerismo cuenta con los votos necesarios para hacer aprobar las iniciativas en el Congreso, algunas de ellas provocarían risa por lo disparatadas. Pero como está probado que los legisladores oficialistas votan cualquier iniciativa que provenga del Poder Ejecutivo, por estrafalaria que sea, conviene preocuparse y hacer todo lo posible para evitar la efectiva sanción de estos proyectos.
Por ejemplo, la presidente propone que todos los ingresos al Poder Judicial ―que salvo para los cargos que requieren título profesional se realizan por el nivel más bajo del escalafón― se concreten previo concurso y, llegado el caso, por sorteo si hubiera más candidatos que vacantes. Pero curiosamente no se le ocurre lo mismo para el ingreso a la administración pública, tanto centralizada como descentralizada, y a las entidades autárquicas y empresas del Estado. En todos los órganos y entes que dependen de la presidente los jóvenes de La Cámpora ingresan en tropel, sin la más mínima prueba de idoneidad y para percibir sueldos varias veces superiores a los que se pagan en la justicia. Quien tenga dudas puede preguntarle a los alegres funcionarios de Aerolíneas Argentinas que nos regalan a todos los argentinos un déficit diario de alrededor de dos millones de dólares.
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También se le ocurrió a la presidente que los cargos que requieren título habilitante, como secretarios y prosecretarios, sean cubiertos por concurso y no por designación directa de los magistrados. Pero ni se le pasa por la cabeza proponer lo mismo para su propio ámbito. Claro, sabe perfectamente que la caterva de impresentables que la acompaña no podría jamás ganar un concurso ni para ordenanza (con perdón de estos esforzados trabajadores).
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Imagine el lector qué lindo sería elegir al ministro de Economía (sí, tenemos uno) por concurso público y abierto de oposición y antecedentes. ¡Eso sí que sería democratizar!
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Pero como la imaginación presidencial es más creativa que la de cualquier mortal, se le ha ocurrido también que los integrantes del Consejo de la Magistratura ―cuya función primordial es elegir y designar jueces― no sean abogados, al menos no todos. Claro, si lo que se busca es que los jueces fallen siempre a favor del gobierno, no de acuerdo con la Constitución y las leyes. Sería como poner de jurados, a la hora de designar médicos en los hospitales, a arquitectos, contadores, carpinteros, y cuantos más profesionales de cualquier arte se nos ocurra. Porque, en definitiva, la democracia es mucho más importante que la salud.
Por último, para no abusar de lo que el lector pueda tolerar, es gracioso que a la presidenta se le haya ocurrido que se den a publicidad todas las sentencias y resoluciones de la justicia, que es algo que ya existe en casi todos los fueros e instancias (y particularmente en la Corte Suprema). Mientras tanto, en todo el ámbito del Poder Ejecutivo todo es secreto y reservado, nada se sabe ni mucho menos se puede averiguar por Internet. Las pocas normas de acceso a la información no se respetan y es tarea de titanes averiguar algo. Por ejemplo, ¿alguien leyó la resolución de Moreno por la cual se prohibió a los supermercados hacer publicidad?
La verdad, la triste verdad, es que la presidente quiere controlar y dominar al Poder Judicial y a los jueces independientes que aún quedan. Quiere eliminar la última valla, el último freno que le impide disfrutar de un poder absoluto y sin control, que ha evitado ―al menos hasta ahora― que además de ir por todo, se quede con todo.
(*) Pablo G. Tonelli es diputado nacional por el PRO
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