La policía debe estar subordinada al poder político

El abogado constitucionalista analiza las restricciones existentes de acuerdo con la OIT a la sindicalización de las fuerzas de seguridad.

Opinión de Roberto Boico (*)

La Constitución Nacional no impide que los efectivos policiales puedan agremiarse conforme lo establece el artículo 14 bis. Para este punto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció parámetros de modo de que se pueda avalar la sindicalización, pero el organismo internacional entiende la prohibición de cada Estado debido a la trascendencia del servicio que brindan las fuerzas de seguridad.

En la actualidad existen dos convenios de la OIT, el 87 y el 98, que indican que la legislación local debe garantizar la asociación de trabajadores para que se pueda dar la negociación colectiva, sin embargo prevé al mismo tiempo que se pueda limitar aquel derecho principal de la agremiación que es el derecho a huelga.

La huelga es en sí un acto de violencia y resistencia que es avalado por la Constitución Nacional en virtud de una forma de ejercer su protesta por conquistas sociales en un sistema capitalista. La huelga siempre es violenta, pero está legitimada si se aplica con razonabilidad.

Sin embargo, cuando la ejercen trabajadores a los que el Estado arma para protección y seguridad de la ciudadanía, no puede admitirse nunca la huelga. La sindicalización es posible pero con la restricción absoluta de la huelga. Aparte porque la policía no puede auto gestionar cuánta seguridad otorga en ese caso eventual.

No tengo una postura definida en cuanto a la sindicalización. Los reclamos pueden ser legítimos, pero la policía debe estar subordinada al poder político. Si la sindicalización hace que la policía discuta la política de seguridad, entonces no sirve y no se puede permitir. Las fuerzas tienen que estar subordinadas a quién les entrega las armas. Si la sindicalización está ceñida únicamente a establecer grupos de trabajo para negociar condiciones laborales, podría pensarse en un modelo.

Los acontecimientos de los últimos días no hacen pensar que esto sea posible.

(*) Roberto Boico es abogado constitucionalista y docente.

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