Denuncian a Montenegro por la compra de armamento
El ministro de Seguridad porteño será investigado por una supuesta adquisición con sobreprecio de 400 armas para la Policía Metropolitana. Se pagaron 1.130 euros por pistola cuyo valor oscila entre 400 y 500 euros.
A fin de la última semana, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, fue denunciado penalmente por presunto "cohecho y administración fraudulenta" a raíz de la compra con supuesto sobreprecio en armas para la Policía Metriopolitana. Se compraron 400 pistolas Beretta PX4 Storm de 9 mm a 1.130 euros cada una a la firma Trompia SRL, por un total de 452 mil euros. El valor de mercado no supera los 450 euros.
La denuncia, que presentó el legislador porteño Alejandro Bodart (MST, ex Proyecto Sur) tras la una publicación de minutouno.com, recayó en el Juzgado de Instrucción Nº25 a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini. La causa 23.846 se suma a la que Montenegro tenía pendiente por los mismos motivos –compra sospechosa de armas, uniformes y patrulleros en 2009-, que está en el Juzgado Nº28, a cargo de la jueza María Rita Acosta.
Consultados nuevamente por este medio, desde la cartera de seguridad porteña no quisieron hacer declaraciones. Sí expresaron, como ya lo hiciera el ministro en declaraciones radiales, que "la compra es por exclusividad". También indicaron que no pueden hacer compras en el exterior y que Trompia SRL tiene la exclusividad de la italiana Beretta en el país. Bodart había presentado ante la justicia un precio por arma de 439 euros, que es el valor que expone Beretta Estados Unidos en su sitio web.
Según la ley de compras y contrataciones de la Ciudad, la licitación o compra internacional puede aplicarse de ser necesario "si no hay sucursal en el país". Beretta no posee sucursal local, sino un representante exclusivo: los hermanos Juan y Ennio Modestini. La justicia deberá evaluar si es esto motivo para no comprar las armas en el extranjero o, llegado el caso, si no se podría comprar otras armas ante la diferencia de precio significativa que representa tal compra.
Incluso el artículo 11 de la ley 2095 estipula que un contrato puede –y debe- ser revocado si se introdujera en la licitación –o contratación directa- elementos que indujeran a un beneficiado específico. La contratación efectuada, que se apoya en el artículo 28, inciso 4, de la ley, establece que se compra al fabricante o vendedor exclusivo "siempre que no hubieran sustitutos convenientes" para mantener la homogeneidad.
Para la oposición no sería un impedimento que se obtuvieran otras armas diferentes ante tal descalabro en los precios. Las otras armas evaluadas –como relevó este medio- han sido elegidas por fuerzas policiales de Colombia, EEUU y Francia, y cuestan entre 400 y 450 euros la unidad. Por último, el artículo 84 de la propia ley 2095 establece que, de haber precios de referencia, no puede pagarse más de un 5 por ciento por encima de dicho valor.
No solo eso: el fundamento presentado en la nueva compra es que los informes que detallan la preferencia por las Beretta ya han sido presentados en las contrataciones anteriores. Las compras de 800, 1200 y 300 armas –entre 2009 y 2012- están investigadas por el mismo sobreprecio y la sospechosa relación entre el vendedor –los hermanos rosarinos Modestini-, y los ex jefes de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios y Osvaldo Chamorro.
Por Brian Majlin
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