Cristina Kirchner recurrirá a la ONU para cuestionar la condena por la causa Vialidad
La expresidenta difundió una columna en medios internacionales para defender su inocencia, denunciar persecución judicial y anunciar que se presentará ante el Comité de Derechos Humanos.
Cristina Kirchner.
Cristina Fernández de Kirchner dio un nuevo paso en la estrategia judicial que impulsa tras la condena dictada en la causa Vialidad. La exmandataria confirmó que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales previstas en tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
El anuncio fue realizado a través de una columna de opinión publicada de manera simultánea en distintos medios internacionales, entre ellos El País de España y Libération de Francia. En ese texto, la ex presidenta volvió a defender su inocencia, cuestionó con dureza el accionar del Poder Judicial argentino y sostuvo que la sentencia que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye un caso de persecución política.
Actualmente, Cristina cumple arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires luego de que la condena por la causa Vialidad quedara firme. En su artículo, planteó que la actuación de la Justicia excedió el plano estrictamente judicial y advirtió sobre el impacto que, a su entender, tienen este tipo de decisiones sobre el funcionamiento democrático.
Cristina Kirchner realizará una presentación ante la ONU para cuestionar la condena en la causa Vialidad
“Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”, escribió al comienzo de la publicación.
En otro de los pasajes más destacados, la exvicepresidenta calificó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como una forma de "proscripción" y sostuvo que este tipo de mecanismos representan una modalidad moderna de exclusión política.
“La proscripción representa una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo. No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”, afirmó.
La publicación coincidió con la conferencia de prensa que encabezó su equipo de abogados para oficializar la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Según explicaron sus representantes, el planteo buscará demostrar que durante el proceso judicial se violaron derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.
En ese contexto, Cristina Kirchner aclaró que la presentación internacional no responde únicamente a una diferencia de criterio con las resoluciones de los tribunales argentinos. “No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, sostuvo.
La expresidenta también aseguró que el juicio estuvo “marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino".
En otro tramo de su columna, amplió esa interpretación y afirmó que la situación trasciende su caso personal. “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes”, expresó.
Como cierre de su artículo, Cristina Kirchner insistió en que su objetivo es obtener una revisión imparcial del proceso judicial y remarcó que no pretende recibir un trato diferencial. “No busco privilegios ni excepciones. Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”, concluyó.
Para encarar esta nueva instancia internacional, la defensa sumó al jurista brasileño Rafael Valim, quien trabajó junto al equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. Ambos participaron de la conferencia de prensa junto al abogado Alberto Beraldi, donde detallaron los alcances de la presentación ante el organismo de Naciones Unidas.
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