Diputados busca en comisión limitar el uso de DNUs por parte de Javier Milei

El avance opositor incomoda al Gobierno, que recurre de manera habitual a los DNU para aplicar medidas sin pasar por el Congreso. La herramienta fue incorporada a la Constitución en 1994 para situaciones excepcionales, pero en la práctica todos los gobiernos lo usaron de manera discrecional.

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En 2006, a propuesta de Cristina Kirchner, se sancionó la norma que consolidó la validez de los decretos: alcanza con la aprobación de una sola cámara para que queden vigentes, mientras que se necesita el rechazo de ambas para derogarlos. Eso convirtió en casi imposible anular un DNU, aunque en los últimos meses la oposición logró frenar algunos, entre ellos los vinculados a fondos reservados de la SIDE, Vialidad, el INTA, el INTI, Cultura y la Marina Mercante.

El proyecto que ahora impulsa la oposición cambia esas reglas. Con la nueva ley, bastará con el rechazo de una sola cámara para dar de baja un DNU. Además, fija un plazo máximo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para obtener convalidación legislativa, acorta a 48 horas el tiempo para que una cámara comunique su decisión a la otra y prohíbe al Ejecutivo dictar un nuevo decreto sobre el mismo tema durante el mismo año parlamentario.

La sesión especial que prepara la oposición también incluirá otros puntos de tensión con el oficialismo: los cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional y la derogación de los decretos que modificaron la identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.

Aspectos clave del proyecto

• Alcance de los DNU: el proyecto establece que cada decreto debe versar sobre una única materia. Esto prohíbe los «mega-DNU» que, como el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, incluyen una gran cantidad de artículos y modificaciones a diversas leyes en un solo texto. Esta medida busca asegurar que cada tema sea tratado de forma individual y no de manera conjunta.
• Plazos de tratamiento: se fija un plazo de 90 días corridos para que el Congreso apruebe o rechace un DNU de manera expresa. Actualmente, si el Congreso no lo trata, el DNU queda vigente de manera indefinida.
• Rechazo: el proyecto dispone que el rechazo de un DNU por parte de una sola de las cámaras (Diputados o Senadores) es suficiente para su anulación. Esto difiere de la ley actual, que exige el rechazo de ambas cámaras para que el decreto quede sin efecto.
• Prohibición de reedición: una vez que un DNU es rechazado por el Congreso, el Poder Ejecutivo no podrá dictar un nuevo decreto sobre la misma materia durante el mismo período parlamentario.