El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, anunció una serie de medidas que el Estado argentino implementará para cumplir con la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el crimen de Walter Bulacio.
Precisamente, la presidente Cristina Fernández de Kirchner decretó que el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, intervenga como querellante en esa causa, en la que el Estado Nacional reconoció su responsabilidad en 2003 y se comprometió a implementar medidas para que no se repitan casos como éste.
En este sentido, el ministro anunció que instruyó a las fuerzas de seguridad nacionales para que adecuen las normas de procedimiento ante la detención de menores de 18 años, como la comunicación inmediata a sus familiares y la justicia de Menores y la prohibición a los efectivos de exhibirles armas.
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Fernández adelantó que el secretario Duhalde diseñará un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la sentencia de CIDH sobre la adecuación y modernización de normativas internas en temáticas relacionadas con el "Caso Bulacio", ya que "se detectó que algunas provincias no están dentro de los estándares internacionales".
Estas medidas serán presentadas el próximo jueves en Montevideo, Uruguay, en una audiencia ante la CIDH que se realizará en el marco del 35to período extraordinario de sesiones del organismo internacional, del que forma parte la Argentina. "Empezamos a trabajar para lograr cerrar la causa Bulacio porque no tiene sentido que continúe en un país que tiene a los Derechos Humanos como política de Estado", dijo Fernández en conferencia de prensa en la sede del ministerio a su cargo.
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Walter Bulacio, de 17 años, fue detenido el 19 de abril de 1991 por policías de la seccional 35, en la puerta del estadio Obras Sanitarias, donde se llevaba a cabo un recital de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Al día siguiente de su arresto, el muchacho fue trasladado a un hospital sin que sus padres ni un juez de Menores fueran notificados de su detención y murió cinco días después a raíz de las torturas sufridas y las malas condiciones de arresto.
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La causa por la investigación llegó a superar los 17 cuerpos de 200 fojas cada uno y estuvo en manos de alrededor de 30 jueces de primera instancia, no obstante el caso quedó impune. Por el hecho fue imputado el comisario Miguel Angel Espósito, aunque finalmente fue sobreseído por la Cámara del Crimen, que entendió que tras 11 años sin encontrarse un culpable, la acción penal estaba prescripta.
Los abogados de la familia Bulacio decidieron entonces acudir a la CIDH, la cual el 18 de octubre de 2003 condenó, por primera vez, al Estado argentino por violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia en el marco de esta causa. La CIDH consideró que el crimen de Bulacio es un delito de lesa humanidad que, por lo tanto, es imprescriptible y debe seguir siendo investigado hasta hallarse a los responsables.
Por eso, en diciembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir el expediente, pero desde entonces no se registraron avances y el único imputado sigue presentando recursos para dilatar la investigación.
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