Escándalo en Transener: el viejo truco de los hermanos Neuss tras la privatización

Con el cambio de directorio consumado, la transportadora eléctrica aprobó distribuir $253.535.989.514 en efectivo entre los nuevos dueños.

La secuencia quedó plasmada en los registros de la Comisión Nacional de Valores (CNV): el 27 de agosto se resolvió la desafectación parcial de la cuenta de reserva destinada a dividendos, y al día siguiente, el 28 de agosto, Genneia comunicó que se había formalizado la transferencia de la participación de Enarsa en Citelec a favor de Transmisión Eléctrica SA, el vehículo societario controlado por Genneia y Edison Transmisión (de los hermanos Neuss).

Cuestionamientos por la valuación y la "falla" en la licitación

El meollo del escándalo radica en la discusión sobre el precio al que el Estado se desprendió de un activo clave. Especialistas del sector advierten que, si dentro de la compañía existían cientos de miles de millones de pesos disponibles para repartir, esa caja formaba parte del valor económico real del activo al momento de la venta, lo que facilitó que los compradores recuperaran rápidamente una parte significativa de la inversión con el patrimonio de la firma adquirida.

La licitación ya había estado envuelta en sospechas cuando, durante la apertura electrónica de las ofertas a cargo de la cartera de Luis Caputo, las propuestas de Central Puerto y Edenor figuraban inicialmente como ganadoras mientras la de los Neuss no se visualizaba por supuestos "problemas en el sistema". Al solucionarse la falla técnica, la oferta del consorcio libertario —vinculado a una acelerada expansión en el sector energético durante la gestión de Javier Milei— se alzó con la adjudicación por 356 millones de dólares, una cifra considerada exigua por el mercado frente al potencial de la compañía.

El rol del FGS de la ANSES y la mira sobre los funcionarios

Un dato no menor que complejiza la trama es que el Estado no se retiró por completo de Transener. A través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, el Estado conserva directamente el 19,6% del capital (acciones Clase B).

Bajo este esquema, el propio FGS participó del millonario reparto de dividendos, percibiendo una cifra cercana a los $49.615 millones. Sin embargo, la situación pone bajo la lupa a los representantes estatales designados para tutelar el valor de las acciones previsionales —área dependiente del ministerio a cargo de Sandra Pettovello—, entre los que destaca la abogada Flavia Bevilacqua, funcionaria encargada de vigilar las inversiones del Fondo y con presencia en los directorios de varias firmas del sector. La incógnita que ahora sobrevuela el expediente es qué postura adoptaron los veedores estatales frente a una liberación de fondos que redujo sustancialmente el valor real del activo antes de que el Estado concretara su salida.