El Gobierno planea cerrar 60 prepagas: a qué se debe la decisión y cuáles son las firmas apuntadas
Supuestas irregularidades en la documentación y los balances de estas compañías fueron denunciadas por la Superintendencia en Servicios de Salud.
El Gobierno quiere cerrar prepagas
El gobierno de Javier Milei daría de baja más de 60 empresas de medicina prepaga, a la vez que intervendrá obras sociales. Así lo confirmaron a través de una resolución publicada recientemente en el Boletín Oficial.
En medio del proceso de ajuste y desregulación de diferentes áreas del Estado que llevó a cabo el Ejecutivo, incluyó la intervención en el sistema de salud, donde se registraron importantes incrementos en las cuotas y la asistencia médica.
Cierre de prepagas y obras sociales: el objetivo del Gobierno
La iniciativa libertaria tiene que ver con que la Superintendencia de Servicios de Salud informó sobre empresas que se encuentran incluidas en el Registro Nacional de Medicina Prepaga pero nunca presentaron los datos correspondientes.
Por esta razón, la decisión que evalúa el Gobierno es dar de baja la inscripción de 60 prepagas, aunque no trascendieron cuáles serían. "Esta decisión tiene como objetivo que el beneficiario acceda a un mercado más transparente, ordenado, donde las entidades que figuran inscriptas existan, compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad", aseguraron desde la gestión de Milei.
Cabe destacar que otras 70 empresas del rubro más estarían bajo la lupa del Ejecutivo, al mismo tiempo que revelaron que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) intervino a cuatro obras sociales que "recibían millones de pesos de subsidios del Estado". Su objetivo sería “investigar que cuenten con la información necesaria para funcionar como un agente del sistema de salud”, así como también los balances que solicita el SSS al finalizar el año.
La desregulación de la medicina prepaga
Hubo un nuevo revés judicial para el DNU de Javier Milei que proponía la desregulación de las empresas de medicina prepaga. Se trata de un fallo de la Cámara Federal de Paraná, el cual devolvería a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) la obligación de observar los costos de las empresas del sector y fijar los aumentos autorizados para las compañías.
El fallo trabajo sobre el caso de un jubilado afiliado a la empresa OSDE que había solicitado que se retrotraigan los aumentos establecidos desde diciembre y que se apliquen en base al índice elaborado por la SSS.
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