Grandes diferencias en la oposición por el proyecto de bajar la edad de imputabilidad

Política

El gobierno de Macri hace agua en materia económica y en el año electoral apuesta todo a la agenda sobre inseguridad. Para ello apuesta a las pistolas taser, la deportación de extranjeros y la baja de la edad de imputabilidad para copar la agenda mediática.

Sin nada que mostrar a nivel económico o laboral, el gobierno de Mauricio Macri apuesta todo a la cuestión "inseguridad" para intentar llegar con posibilidades reelección a las elecciones de octubre próximo.

En ese camino Cambiemos comenzó a tirar propuestas que prometen generar polémica con el propósito de copar la agenda mediática luego de un año en el que la inflación, los tarifazos, la devaluación y la caída del poder adquisitivo del salario recorrieron de punta a punta la preocupación de los argentinos.

De hecho todos los sondeos de opinión demuestran que la crisis económica y el temor de perder el empleo ocupan los dos primeros puestos entre las principales preocupaciones de los argentinos. Recién en tercer lugar aparece la inseguridad que suele estar al tope. Sin nada que ofrecer para las dos primeras cuestiones Macri volvió a la carga ahora con la baja en la edad de imputabilidad.

Y la polémica, era de suponer, prendió tan rápido como esperaban. Diputados y senadores ya comenzaron a exponer su postura frente a la posibilidad de que se introduzcan cambios en el Código Penal de modo que los chicos de 15 años sean considerados imputables ante delitos graves.

"Es un tema que siempre estuvo en la agenda del Gobierno, no sé por qué se demoró tanto", aseguró a La Nación el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

En la misma línea se manifestó el diputado Luis Petri (UCR-Mendoza): "Tenemos un régimen de responsabilidad penal juvenil que data de 1980 y que es necesario reformularlo".

Las voces a favor no sólo se escucharon en el oficialismo. El presidente del bloque de diputados del peronismo no kirchnerista, Pablo Kosiner (Salta-Alternativa Federal), consideró "importante debatir un nuevo sistema penal juvenil". "La responsabilidad penal de los menores es un tema que debemos modernizar, no podemos seguir con un sistema totalmente obsoleto", afirmó.

Sin embargo se quejó por el momento elegido para volver sobre el tema: "El tema de seguridad no es lo ideal tratarlo en un año electoral, el de la seguridad es una cuestión que está al tope de la expectativas de los argentinos".

Otro opositor a favor de la baja de edad de imputabilidad es el líder del bloque peronista del Senado, Miguel Pichetto (Río Negro).

El resto del arco opositor se manifestó en contra de la propuesta. La diputada Nilda Garré calificó de "marketinera" la propuesta del Gobierno.

"Se quiere sobredimensionar el problema de la inseguridad; esto no es negar que existe, es grave y hay que darle solución; pero no se resuelve con medidas efectistas ni marketineras", aseguró la ex ministra de Defensa, quien consideró la iniciativa como parte del "proceso de bolsonarización del discurso" del Gobierno.

También se manifestó en contra el diputado Felipe Solá, quien consideró que un gobierno que impulsa la baja de edad de imputabilidad "pierde autoridad moral para hablar de la adolescencia", al tiempo que deja de lado su responsabilidad sobre la educación de ese sector etario de la sociedad.

"El Gobierno sabe que ha aumentado la inseguridad de una manera importante, pero no se publican los datos de muertes violentas por cada 100 mil habitantes por año, que es la forma estándar en el mundo de medir la inseguridad", se quejó el diputado Leonardo Grosso y criticó la visión punitiva, en vez de apostar por la prevención, que en materia de seguridad tiene el Poder Ejecutivo.

"La política de Macri y Bullrich es meterlos presos antes que preocuparse por su alimentación y porque tengan una niñez digna", sentenció.

Por último, desde la izquierda se vinculó la propuesta con una derechización del Gobierno de cara a las elecciones presidenciales de este año. "Es el lanzamiento de una campaña electoral a lo Bolsonaro", aseguró el ex dipuitado Néstor Pitrola, quien relacionó la iniciativa con "la introducción de las armas Taser y la medida de la deportación de mil extranjeros".

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