Obtuvo dictamen de comisión en el Senado el proyecto contra el trabajo informal
Ante un plenario de comisiones del Senado, Carlos Tomada brindó detalles sobre el proyecto de ley del Ejecutivo, que será tratada en el recinto el próximo miércoles.
Y advirtió, "es por esa evolución que hemos tenido en la última década que es el momento de presentar una ley integral, una serie de instrumentos, para profundizar el combate de la informalidad".
Tomada admitió además que "esta ley es producto de la experiencia acumulada en los últimos años, de numerosos estudios académicos así como también de todos los proyectos de ley presentados en este Parlamento y que nos han servido de inspiración, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, y a partir de todo eso hemos generado este texto que se ha trabajado desde hace más de un año cuando la Presidenta dio inicio en Río Gallegos a la mesa de diálogo social".
"Hasta el último día de mi gestión voy a seguir trabajando para combatir el trabajo no registrado" señaló el ministro al tiempo que reclamó mayor involucramiento de las centrales sindicales en esa lucha.
El proyecto, según anunció Cristina Kirchner al presentar la iniciativa, apunta a beneficiar a unos 290 mil microempleadores para lo cual serán destinados, en principio, 4.150 millones de pesos. De dicho monto el 65% estará dirigido a las microempresas para "facilitar la registración" de trabajadores.
Entre los puntos más destacados de la iniciativa que comenzarán a discutir en la Cámara Alta se encuentran:
Refuerzo de la Fiscalización Nacional. Se propone dotar al Estado Nacional y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) de nuevos instrumentos legales que potencien su capacidad de control del fraude laboral y el trabajo infantil en todo el país, especialmente teniendo en cuenta los recursos desiguales que tienen los estados provinciales para volcar a la inspección laboral, y la necesidad de garantizar un piso de acceso a los derechos laborales uniforme a lo largo de todo el país.
Nuevas formas de Sanción/Disuasión a Empleadores Evasores. El plan contempla la creación de un Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) donde se incluirán los empleadores que tomen trabajadores no registrados o incurran en fraude laboral detectado por el MTEySS, AFIP, el RENATEA, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por los organismos provinciales.
Los empleadores sancionados permanecerán en el Registro un cierto tiempo en el cual no podrán acceder a determinados beneficios de políticas públicas y realizar algunas operaciones comerciales, y de reincidir en un plazo determinado, perderán beneficios impositivos. El Registro busca aumentar la sanción para quienes contraten empleo irregular y potenciar la condena social como forma de disuasión al fraude laboral.
Sistema de Incentivos a los Micro y Pequeños Empresarios. La lucha contra el trabajo no registrado es una combinación de sanciones contra el fraude laboral e incentivos para aquellos empleadores que usan la no registración para mantener unidades productivas precarias en lo económico.
La ley propone crear un Régimen de Seguridad Social especial para micro-empleadores de baja facturación que implicara descuentos en cargas sociales y ART, y un descuento de contribuciones patronales por dos años en aquellas pymes que contraten nuevos trabajadores.
Creación de una Unidad Especial de Investigación del Fraude Laboral. Las formas modernas de control de fraude laboral combinan, cada vez más, la inspección del trabajo tradicional que recorre el territorio con nuevas formas más cualitativas y multidisciplinarias de seguimiento de las cadenas de valor, los movimientos financieros, y la construcción de indicadores mínimos de trabajadores en sectores difíciles de fiscalizar.
Se propone la creación de una unidad especial encargada del control de formas variadas de violación de la normativa laboral (entre ellas el trabajo no registrado y la subcontratación fraudulenta) en sectores complejos de fiscalizar con las herramientas tradicionales.
Convenios de Corresponsabilidad Gremial. La ley propone ampliar la potestad para firmar Convenios de Corresponsabilidad Gremial en el sector agrario y afines, un mecanismo mediante el cual empresarios, trabajadores y Estado acuerdan el salario, las condiciones de trabajo y la registración a la seguridad social de trabajadores en sectores con mucha estacionalidad tradicionalmente complejos para la registración.
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