Intensas gestiones por el conflicto pesquero

El ministro de Gobierno santacruceño, Pablo González, acordó una reunión entre el referente de las firmas agrupadas en la Cámara Langostinera Patagónica (CALAPA) y el gobernador santacruceño, Daniel Peralta, en la que se podría arribar finalmente a una solución.

El principio de acuerdo incluiría ayuda financiera -con aportes nacionales y provinciales- para enmendar los daños de las plantas, las que a su vez se comprometerían a permanecer en Puerto Deseado.

Además, el Gobierno nacional habría garantizado que se encuentra en análisis el decreto para elevar los montos del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, uno de los reclamos de los trabajadores pesqueros que desataron el conflicto.

Los encuentros fueron protagonizados por el ministro de Gobierno provincial, quien se reunió con los empresarios y con funcionarios del Gobierno nacional, encabezados por Roberto Baratta, del Ministerio de Planificación.

Además, las pesqueras se preguntan quién se hará cargo de los daños provocados y de los mercados perdidos y acuerdos comerciales caídos por la parálisis de los últimos 20 días.

En ese marco, según fuentes del gobierno provincial consultadas, la puesta en marcha de las plantas podría demorarse, lo cual atenta contra el sector.

Desde las plantas afectadas le reclaman al gobierno haberlos dejado "solos" durante el principio del conflicto con los actuales dirigentes marineros de Puerto Deseado.

Los marineros santacruceños reclaman que se los exima del impuesto a las ganancias y rechazan el convenio colectivo que el gremio madre firmó a nivel nacional con las cámaras pesqueras.

Por su parte, el intendente de Puerto Deseado, Arturo Rodríguez, aseguró que existe "una tregua" entre los trabajadores marítimos y las empresas pesqueras de la zona, a la espera de una nueva instancia de diálogo que destrabe definitivamente el conflicto.

"Ahora hay una tregua por unos días, hasta tanto podamos volver a sentarnos a dialogar con todos los sectores", señaló el jefe comunal.

Tras los graves incidentes que se desencadenaron la semana pasada en esa localidad, Rodríguez indicó que se espera "una respuesta de Buenos Aires", ya que ni la intendencia ni la Gobernación provincial "tienen jurisdicción sobre el problema sindical".

En declaraciones a radio América, el intendente confirmó que "personal de Gendarmería nacional y de la policía provincial está recorriendo todas las plantas afectadas para hacer una evaluación de los daños ocasionados".

En tanto, el conflicto se extendió a Mar del Plata, principal fuente de abastecimiento del mercado interno, donde los fileteros agrupados en el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado
(SOIP) iniciaron un paro por 24 horas.

Los fileteros señalaron que la falta de una baja en la captura de materia prima se tradujo en una reducción horaria y su consiguiente caída salarial, afectando a trabajadores que cobran por hora trabajada.