Diputados pidió informes a Scioli por los casos de violencia en Junín

Política

La iniciativa, que surgió a partir de los crímenes de Karen Campos y de Olga Acedo, pretende que se indiquen cuáles fueron las medidas de prevención del delito instrumentadas en esa localidad desde 2007.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de solicitud de informes en el que se le pidió al gobierno de Daniel Scioli que explique distintos aspectos relacionados con la "situación de violencia e inseguridad que se vive en la localidad de Junín".

La iniciativa, presentada por la legisladora del FpV Rocío Giaccone, fue acompañada por sus compañeros de bancada y surgió tras los homicidios de la kiosquera Karen Campos y de la docente jubilada Olga Aída Acedo.

Entre otras cuestiones, en el texto se le pregunta al Ministerio de Justicia y Seguridad cuáles fueron las "medidas de prevención instrumentadas en Junín desde diciembre de 2007 a la fecha" y "qué cantidad de efectivos policiales prestaron servicios allí entre 2008 y 2013".

Además se pretende conocer "los reclamos planteados y documentados del intendente de Junín desde 2007"; "qué cantidad de móviles policiales patrullan la ciudad entre 2010 y 2013" y cuál es el mapa del delito confeccionado por parte del Ejecutivo en los últimos tres años.

También se interroga sobre la cantidad de móviles que prestan servicio con desperfectos mecánicos, qué presupuesto ejecutado invirtió la Provincia a tales fines y pregunta "qué cambió entre el 9 de marzo, fecha del asesinato de Karen Campos, y el 15 de marzo, fecha en que ocurrió el crimen de Olga Aída Acedo".

El proyecto busca indagar si Asuntos Internos posee sumarios realizados a policías de Junín; si se investiga la represión policial de los días 9 y 10 de marzo; el monto de dinero transferido al Municipio para la compra de cámaras de seguridad y cuántas se adquirieron; y por qué existen móviles policiales nuevos, sin rodar por la ciudad.

En los fundamentos se explica que estos hechos de inseguridad "fueron una consecuencia del crecimiento de los índices de inseguridad que sufre esa zona de la Provincia, en la que se han producido más de 10 homicidios dolosos en el pasado año y que motivaron la llamada de atención en 2010 de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia".

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