Juraron conjueces en un fuero clave para el Gobierno

Política

Antonio Rojas Salinas, uno de los abogados de Madres de Plaza de Mayo, juró como conjuez en el fuero Civil y Comercial Federal, donde tramita la causa en la que se debe resolver las causas por Ley de Medios y La Rural.

Antonio Rojas Salinas, uno de los abogados de Madres de Plaza de Mayo, juró este jueves como conjuez en el fuero Civil y Comercial Federal, donde tramita la causa en la que se debe resolver si es constitucional la Ley de Medios y el caso de La Rural.

El letrado, ahora conjuez del fuero donde hay varias causas sensibles,  juró hoy para ocupar la vacante en el juzgado en lo Civil y Comercial Federal 5; mientras que también prestó juramento su colega Iván Ernesto Garbarino para el juzgado 8, donde se inició el caso de La Rural.

En octubre pasado, la Cámara alta avaló el pliego de 16 conjueces propuestos por el gobierno  para ocupar subrogancias en juzgados de primera instancia del Fuero Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Ese fuero, donde se tramita la causa por la ley de medios, el caso de La Rural, es uno de los que registra más vacantes, lo que llevó al gobierno a impulsar la designación de magistrados.

La lista de conjueces fue la solución del Gobierno cuando se hacía  imposible, avanzar con el orden de mérito aprobado por la comisión de selección del Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes en los juzgados de primera instancia.

Uno de los juzgados vacantes es el 1, subrogado actualmente por el juez Horacio Alfonso, quien fue designado como titular en el juzgado 2 y quien en diciembre pasado se pronunció a favor de la constitucionalidad de la ley de medios. El caso está ahora en manos de la Cámara del fuero.

En el fuero civil y comercial federal también se tramita el caso de La Rural, y fue donde la Sociedad Rural obtuvo a su favor una medida cautelar dictada por la Cámara para retener el predio.

Fue justamente el juzgado civil y comercial federal 8 que intervino en el caso, y estaba a cargo de la jueza Silvina Braccamonte, el que dictó en primera instancia una medida en contra de la Sociedad Rural, que luego fue revertida por la Cámara.

En la causa, el Estado reclama la competencia del fuero contencioso administrativo federal, planteo que por ahora fue rechazado pero que llegará a la Corte Suprema de Justicia.

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