La CGT recusó a jueces laborales, denunció parcialidad y pidió anular un fallo clave sobre la reforma laboral
La central obrera cuestionó a la Sala VIII de la Cámara del Trabajo por otorgar efecto suspensivo a la apelación del Estado, sostiene que la decisión afecta derechos laborales y anticipó que llevará el caso a la Corte Suprema.
Por Vanesa Petrillo
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un duro escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que recusó a integrantes de la Sala VIII, solicitó la nulidad de una resolución clave y pidió su revocatoria. El planteo apunta contra la decisión que otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado nacional frente a una medida cautelar que había frenado aspectos de la reforma laboral.
En el documento, la central obrera cuestiona con firmeza el accionar judicial y advierte que el fallo "ha sido dictado por jueces comprendidos en causas legales de recusación, con clara ausencia de competencia y sobre la base de manifiestos yerros". Según sostiene, esta situación genera un "gravamen irreparable" para los trabajadores. En ese marco, también señala que el cuadro actual "avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo".
Uno de los ejes principales del planteo es la recusación del juez Víctor Arturo Pesino. La CGT afirma que su intervención está "viciada" por haber recibido un beneficio del Estado nacional, en referencia al impulso oficial para extender su permanencia en el cargo tras haber cumplido 75 años, situación que no solo representa una conducta contraria a la ética, sino que configura una causa objetiva de apartamiento y evidencia una posible "asociación de beneficios mutuos" entre el magistrado y el Poder Ejecutivo.
Asimismo, el escrito también cuestiona a la vocal María Dora González, a quien, junto con Pesino, acusa de haber "prejuzgado" sobre el fondo del asunto al intervenir sobre la cautelar antes de que el expediente llegara formalmente a su conocimiento.
Otro punto central del reclamo es el pedido de nulidad absoluta de la resolución dictada el 23 de abril. Según la CGT, la Sala VIII carecía de competencia para intervenir, ya que la causa debía tramitar en otra sala conforme al principio de prevención. Además, denuncia que la decisión fue adoptada sin dar intervención a la parte actora, lo que, según afirma, vulneró el derecho de defensa y evidenció una "manifiesta parcialidad" en favor del Estado nacional.
También cuestiona el contenido del fallo, en particular, rechaza que se haya otorgado efecto suspensivo a la apelación estatal, lo que dejó sin efecto práctico la medida cautelar que protegía derechos laborales. En ese sentido, advierte que este criterio podría vaciar de sentido la justicia cautelar, al permitir que cualquier apelación paralice automáticamente medidas urgentes de protección.
Finalmente, la CGT dejó planteada la reserva de caso federal para acudir a la Corte Suprema y anticipó la posibilidad de recurrir a organismos internacionales. Según advirtió, están en juego "derechos de máxima raigambre constitucional", como la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la libertad sindical.
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