La Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad
La expresidenta cumple la pena de seis años de prisión en su domicilio, pero falta cubrir el perjuicio económico determinado en la condena por fraude al Estado.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes avanzar con la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, para cubrir el monto de dinero fijado que debe devolver al Estado en el marco de la causa Vialidad.
Por estos días Cristina Kirchner se encuentra recluida en su domicilio del barrio porteño de Constitución para cumplir con la pena de seis años de prisión impuesta en la misma sentencia en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la expresidenta y a sus hijos, pero también se extiende a más de 80 inmuebles registrados a nombre del resto de los implicados en la causa Vialidad.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dispusieron la medida para recuperar el dinero que consideraron desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados.
Pero los abogados de la expresidenta y sus hijos se quejaron de la disposición, al argumentar que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia Kirchner forman parte de la herencia que les dejó su padre, Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016.
Lo que es más, los abogados aseguraron que algunos bienes fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.
La causa Vialidad se originó en 2008 con una denuncia de Elisa Carrió, pero no fue sino hasta 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, que tomó impulso y se concentró en la actividad en la obra pública de Santa Cruz durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, cuyos funcionarios se encargarán de su administración y eventual venta.
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