Ley de Financiamiento Universitario: rectores reclaman que Javier Milei cumpla con los fallos de la Justicia
Javier Milei profundiza el ajuste en Educación y se niega a cumplir son los fallos judiciales que lo obligan a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
Los rectores de las universidades públicas se concentrarán este miércolesen Plaza de Mayo para reclamar al gobierno de Javier Milei por la frenada ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario luego del fallo del juez Martín Cormick que ordenó su aplicación y que declaró inconstitucional el decreto del gobierno libertario que había condicionado su puesta en marcha. En Casa Rosada ya adelantaron que seguirán con la judicialización de la norma aprobada en dos oportunidades en el Congreso de la Nación de modo de seguir postergando su aplicación. Para ello volverán a apelar la resolución judicial. La novedad surge a días de una nueva protesta masiva de las casas de estudios.
En el marco de la reunión mensual, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se congregará en Plaza de Mayo, epicentro de las protestas públicas, para reiterar el reclamo al Poder Ejecutivo "por el cumplimiento pleno y efectivo" de la normativa aprobada y defendida por el Congreso de la Nación.
El Comité Ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores se reunirá a las 14:30 para insistir en la aplicación de la ley, sobre la cual recientemente se expidió la Justicia al ordenar la aplicación total de sus artículos, no solo aquellos referidos a la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y a la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
El fallo firmado por Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había promulgado la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pero condicionando su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.
Ajuste en Educación
El juez Cormick hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, y a otra demanda acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En su fallo el magistrado cuestionó la frase incluida en el decreto que establecía que la promulgación se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”, que establece que las leyes que autoricen o dispongan gastos deben prever expresamente su financiamiento. El juez destacó que el artículo 9 de la ley 27.795 establecía pautas de financiamiento y otorgaba facultades al Ejecutivo para realizar las adecuaciones necesarias.
Cormick también puso el foco en que Argentina no contaba con una nueva ley de presupuesto para los ejercicios 2024 y 2025, sino que se habían prorrogado las partidas del presupuesto 2023. Durante 2025, señaló, hubo seis modificaciones presupuestarias mediante decretos y decisiones administrativas.
Además, el juez citó un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso según el cual el costo total de la Ley 27.795 para 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado. Ese contexto fue considerado relevante para analizar si efectivamente existía un impedimento presupuestario que justificara la suspensión de la ley.
Nueva Marcha Federal Universitaria
El fallo de Cormick llegó en la antesala de una nueva movilización de las universidades convocada para el jueves 15 de octubre que incluirá una concentración frente al Congreso de la Nación desde las 13.30.
La quinta Marcha Federal Universitaria tendrá como eje el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y se realizará e desarrollará en coincidencia con una sesión especial convocada por bloques opositores en la Cámara de Diputados.
El cambio de escenario hacia el Palacio Legislativo se produce mientras el Congreso comienza a discutir las partidas para el próximo año. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contempla alrededor de 7,3 billones de pesos para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó 11 billones de pesos para sostener el sistema durante 2027.
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