Ley de Glaciares: la mayoría de los participantes de la primera audiencia pública rechazó el proyecto
Casi el 89% del primer centenar de expositores que participaron ayer del primer día de audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares rechazó el proyecto.
Comenzó este jueves la segunda jornada de audiencias públicas en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir la reforma propuesta por el gobierno de Javier Milei a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, más conocida como Ley de Glaciares. Ayer fue el turno de los primeros elegidos para exponer ante los legisladores de los más de 100 mil que se habían inscripto para poder hacerlo. De los 95 expositores, 84 rechazaron la iniciativa libertaria.
Dentro de los 11 que apoyaron el proyecto hubo una amplia representación sanjuanina (entre ellos, tres funcionarios provinciales, un abogado de mineras y tres representantes de cámaras empresariales o gremios del sector), además del apoyo del presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, y del representante de la asociación empresarial del rubro Gemera, Mario Hernández. La audiencia pública se extendió a lo largo de 12 horas y luego las autoridades del plenario de comisiones decidieron darla por terminada cuando todavía quedaban disertantes que esperaban su turno para poder tomar la palabra.
Es en ese marco diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para realizar una consulta popular vinculante en todo el país para que la ciudadanía se pronuncie al respecto de la iniciativa libertaria. La pregunta propuesta es: “¿Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”. A pesar de ello el oficialismo espera sesionar el próximo 8 de abril para convertir en ley la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.
Las audiencias públicas comenzaron luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, rechazara dos medidas cautelares de organizaciones ambientales que pedían la expansión de la participación para que sea representativa.
Aún más, la presidencia del plenario redujo el tiempo de intervenciones (de 5 a 4 minutos), mientras que se provocó una interrupción por el reclamo de diputados opositores de que se impidió el ingreso de una serie de inscriptos que estaban autorizados a participar, en un operativo policial extendido en las inmediaciones al Congreso.
La posibilidad de judicialización por su carácter regresivo y su colisión con otros artículos constitucionales, que obtura el objetivo de seguridad jurídica para las inversiones que se propondría la reforma, es el principal argumento de las voces antagonistas a la propuesta. Además de los argumentos que insistieron en las consecuencias ambientales de la flexibilización de controles, también se remarcó el carácter interjurisdiccional de las decisiones distritales sobre cada glaciar.
El proyecto de reforma fue incluido entre las prioridades legislativas de la gestión libertaria. Su redacción modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar y agrega la posibilidad de autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva. Les da la posibilidad a las provincias de poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial" según lo contemplen, incluyendo "una instancia de participación ciudadana".
Entre las voces que se opusieron a la reforma, se encontró Vanina Basso -secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa-, quien recordó que en su provincia existe "una memoria hídrica dolorosa vinculada al río Atuel. Es una historia de decisiones unilaterales aguas arribas que generaron desertificación, pérdida de la biodiversidad y desplazamiento de poblaciones". "Cuando se debilitan los controles, se fragmentan las reglas y se priorizan los intereses de corto plazo las consecuencias las pagan siempre los territorios más vulnerables", subrayó.
A ella se le sumó la exdiputada nacional Marta Maffei, una de las autoras de la vigente ley. "Estuvimos un año trabajando la ley, consultando con académicos, instituciones, entes especializados y también con las comunidades, que siempre se quedan afuera. Las asambleas y los pueblos originarios fueron consultados para la redacción de la ley", contrastó e indicó que la reforma "tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua y glaciares con el pretexto de la producción".
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