Promueven la participación de las justicias provinciales contra el narcotráfico
Fue la opinión mayoritaria de los ministros de Justicia provinciales ante su par nacional, Julio Alak. Actualmente es responsabilidad de la Justicia Federal.
La opinión mayoritaria de los ministros de Justicia, expresada en el encuentro de este miércoles, fue a favor de promover que las provincias se comprometan con este desafío para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Y para que, de esa manera, gran parte de los 2.100 fiscales de los poderes judiciales provinciales puedan unir esfuerzos con los 183 fiscales federales.
La Ley federal Nº 26.052 fue sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de julio de 2005. En su artículo segundo, establece que "los delitos previstos y penados por esta Ley serán de competencia de la Justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires que, mediante ley de adhesión opten por asumir su competencia" en esta materia.
Al respecto, Alak sostuvo que "la actuación de las justicias provinciales en delitos vinculados al narcotráfico, si bien se limita a casos menores de comercialización y tráfico, permite llegar, desde ese eslabón inferior de la cadena delictiva, a importantes organizaciones criminales, colaborando así con la Justicia federal".
El funcionario destacó que, "además, la lucha contra el narcotráfico genera un impacto muy positivo en el combate del lavado de activos, porque permite el decomiso de los bienes provenientes de actividades ilícitas que están en propiedad de los narcotraficantes".
En otro orden, los ministros de Justicia de todo el país y las autoridades nacionales avanzaron en la coordinación de acciones destinadas a prevenir y sancionar eventuales casos de saqueos que pudieran producirse en los próximos días.
"Están activados los mecanismos necesarios para proteger la paz social, los bienes y la integridad de los ciudadanos", dijo Alak, y subrayó que "los responsables de saqueos y delitos de alteración del orden público como los que se registraron este mes en distintos puntos del país deben ser imputados, procesados y sancionados por la Justicia, con el agravante correspondiente cuando estuvieren involucrados funcionarios de las fuerzas de seguridad".
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