"Un crisis política e institucional sin precedentes"

Política

El diputado provincial por el Frente para la Victoria, Leandro Busatto analiza la delicada situación política e institucional "nunca antes vista" por la que atraviesa Santa Fe.

La provincia de Santa Fe atraviesa una crisis política e institucional en materia de seguridad nunca antes vista.

Los recientes acontecimientos en distintos barrios de Rosario, que incluyen a menores como victimas de armas de fuego junto con el homicidio de una militante social (parte de los 18 registrados en enero del corriente año) son solo ejemplos de cómo se desarrollan en la provincia, principalmente en las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe, relaciones de convivencia económica y de poder, en donde el fiel de la balanza termina siendo inclinado por el delito y la violencia, y en donde subyacen de modo permanente y constante algunos elementos, entre los que se pueden mencionar a simple vista: la ausencia de políticas activas de seguridad por parte del  Estado Provincial, la participación de sectores de la policía en la acción delictiva y la creciente falta de seguridad para los ciudadanos, fundamentalmente para los vecinos de los barrios más postergados. Todos  relacionados, todos partes del problema y necesariamente, todos partes de una posible solución.

Ha caído el velo mediático que Socialistas y Radicales (Frente ¿Progresista?) pergeñaron de la mano de Hermes Binner, tratando de presentar a la inseguridad como una cuestión relacionada a los "ajustes de cuentas" entre bandas de narcos que tienen el control de determinados territorios.

La seguridad no es, ni ha sido prioridad de la gestión de Binner y de la actual gestión del gobernador Antonio Bonfatti; y es quizás por ello que decidieron como punto de partida entregarle a las propia Policía Provincial posibilidad del autogobierno y con ello el diseño y el control de la seguridad.

La administración Binner y la administración actual decidieron que la "No política" paradójicamente era la mejor de las políticas para construir seguridad. No solo el Estado estuvo ausente de las decisiones estratégicas, sino que careció de políticas sociales activas, que tendiesen a la promoción del crecimiento con inclusión, al acceso a la vivienda o al fomento de planes de empleos para jóvenes.

La ausencia del Estado, el retiro de la política, y la sensación creciente de que la policía de la provincia es "parte del problema y no de la solución" ha sumergido a los santafesinos en una profunda situación de indefensión,  a partir del fuerte crecimiento del delito,  tal como lo reflejan las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la provincia; el número de asesinatos en Rosario pasó de 89 en 2004 a 182 en 2012, un 140 % más de los registrados en la ciudad de Córdoba. La cantidad de homicidios en la ciudad de Santa Fe y localidades aledañas, correspondientes a la Unidad Regional I, en 2012 ascendió a 102; número que marca un incremento exponencial de un 25% en comparación a las 75  víctimas registradas en el año 2011. 

Así, ante la gravedad de los hechos, es necesario realizar una mirada política sincera de la situación, y proponer soluciones. Desde nuestro espacio político hemos elaborado propuestas concretas para abordar la Seguridad; estableciendo como ejes, entre otros, una fuerte conducción política de las fuerzas de seguridad, una profunda reforma policial para eliminar toda forma de connivencia entre la policía y sectores de delito, y una apuesta clara y concreta hacia la participación ciudadana como una vía eficaz para mejorar las políticas de seguridad.

La crisis de seguridad en Santa Fe generó oportunidades, que han sido desperdiciadas por el Gobierno, a partir de no reconocer el problema y buscar sistemáticamente deslindar responsabilidades en otros actores.

Creemos firmemente que se puede y se debe cambiar el verdadero rol que ha venido cumpliendo en los últimos años el Estado Santafesino en materia de seguridad, de modo de escapar a un paradigma que hoy lo coloca ante dos escenarios posibles; pareciera que estamos ante un Estado Provincial que se encuentra diezmado en sus capacidades para llevar adelante políticas públicas de seguridad efectivas, o ante un Estado que ha sido cooptado por prácticas que rozarían la complicidad con situaciones delictivas.

Sabemos que las reformas son difíciles pero pueden sortearse de manera exitosa con un Estado provisto de  una clara visión del tema, con una clara conducción política y con expertise en la materia. Es preciso debatir sobre la seguridad, es necesario proponer soluciones, siempre desde una mirada amplia, participativa, multisectorial y preventiva.

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