Paseo del Bajo: la fiscalía pide a Casación revisar los sobreseimientos de Rodríguez Larreta y Dietrich
Para la fiscalía, los sobreseimientos y el cierre del caso es "prematuro". Se trata de la cuestionada licitación de las obras del Paseo del Bajo que benefició a Iecsa, empresa del primo de Mauricio Macri.
Inauguración de las obras del Paseo del Bajo
Por Vanesa Petrillo
La fiscalía pidió este miércoles que la Cámara Federal de Casación Penal que revierta los sobreseimientos dictados al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, al ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de esa ciudad, Franco Moccia, y al ex ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich en la causa donde se los investiga por el posible direccionamiento durante el proceso licitatorio de la obra vial conocida como Paseo del Bajo.
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y el fiscal general José Luis Agüero Iturbe, presentaron un recurso de casación contra la resolución que había confirmado los sobreseimientos. Contra el cierre del caso antes se había pronunciado también la fiscal Alejandra Mangano.
La medida también alcanzó al director general de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Carlos María Frugoni, y la jefa de compras de esta empresa, Natalia Bustos.
La causa comenzó en 2018 y los acusados habían sido denunciados por los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por la adjudicación de uno de los tramos de la obra adjudicada a una UTE conformada por la firma Iecsa, la constructora que era de Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
El sobreseimiento fue dictado en mayo pasado por los camarista Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes avalaron una decisión que en su momento había adoptado Claudio Bonadio.
En su presentación, los fiscales Rodríguez y Agüero Iturbe entendieron que la Sala I había efectuado valoraciones arbitrarias de la prueba y que por lo tanto el temperamento desvinculatorio de los imputados era “prematuro”.
Los fiscales cuestionaron las medidas que dispuso el juez a cargo de la causa, advirtieron sobre prueba que falta incorporar y concluyeron que hay serias dudas sobre el procedimiento administrativo desarrollado en el seno de AUSA para la licitación de la obra Paseo del Bajo.
Por ese motivo, los representantes del MPF sostuvieron que la resolución recurrida debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido, al no mediar relación directa e inmediata entre lo resuelto y las constancias comprobadas en la causa: “Los extremos señalados e interpretados bajo el imperio de la sana crítica racional, imponen llegar a una conclusión diametralmente opuesta a la signada por el Tribunal”, entendieron.
Agregaron que “tanto el sobreseimiento de los funcionarios públicos implicados como el cierre de la investigación resultan prematuros, en la medida que aún no se agotaron las diligencias probatorias que debieron ineludiblemente adoptarse para estar en condiciones de dictar un temperamento liberatorio” como el cuestionado.
Asimismo, en el recurso de casación se reforzó el pedido de las medidas de prueba oportunamente sugeridas a las cuales el entonces juez de la causa, Claudio Bonadio, no había hecho lugar y se agregaron una docena de medidas más que, de realizarse, permitirían “dilucidar si efectivamente nos enfrentamos a un acto de corrupción”, según publicó el sitio fiscales.gob.ar.
Por último, los fiscales destacaron que, en dos años y seis meses aproximadamente de trámite, la causa estuvo paralizada más de un año y cuatro meses, tiempo que insumió resolver la apelación presentada en febrero de 2020 contra el sobreseimiento decretado por el entonces titular del Juzgado Federal Nº 11.
Por tal motivo, Rodríguez y Agüero Iturbe solicitaron a la Cámara de Casación que resuelva en el menor tiempo posible en atención al "efecto multiplicador negativo" que genera en las investigaciones de este tipo el paso del tiempo.
La causa inició en 2018 como consecuencia de la denuncia formulada por la PIA, a raíz de las inconsistencias que se desprendían del informe confeccionado y presentado por la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante esa procuraduría respecto al proceso licitatorio llevado a cabo para la obra conocida como Paseo del Bajo.
En la denuncia se había puesto de relieve la modificación unilateral por parte de las autoridades de AUSA sobre el proceso licitatorio de los tres tramos (A-B-C) en los que estaba dividida la obra. Se indicó que se trataría de una maniobra pergeñada para beneficiar a la Unión Transitoria de Empresas IECSA – Fontana Nicastro SA, a la cual fue asignada el tramo más oneroso y redituable.
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