Patricia Bullrich negó que el oficialismo vaya a insistir con las licencias médicas en la Reforma Laboral
La senadora oficialista rechazó la versión de cambios en el régimen por enfermedades o accidentes inculpables.
La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que la reforma laboral es una ley “extraordinariamente importante” y rechazó la posibilidad que plantearon algunos sectores opositores y sindicales, de recurrir a la vía judicial para trabar si aplicación si logra el aval del Congreso para la sanción definitiva.
“No sé por qué van a judicializar, porque es una ley del Congreso de la Nación”, indicó la exfuncionaria en declaraciones periodísticas. Y destacó que “Cada empresa, cada trabajador, va a poder hacer un convenio en su lugar de trabajo. Cada provincia va a poder adaptar las condiciones de trabajo y de las empresas a las condiciones de productividad de cada provincia. Se ponen límites muy fuertes a la cuota sindical. Esa cuota sindical, llamada solidaria, va a poder tener nada más que un 2%. Hoy están en 5/6%, con lo cual los gremios van a tener que ser austeros”.
A su vez, consultada sobre el Régimen Penal Juvenil, indicó que “es una ley que lleva 25 años con proyectos”, y recordó que la Argentina “es el único país de América Latina que no ha adaptado su legislación, que sigue con una legislación antigua de la época de la dictadura, que hoy la vamos a modificar después de tantos años de lucha para que haya un régimen penal juvenil”.
“Si un menor comete un delito, si es un delito leve, (tendrá) la capacidad de recuperarse rápido. Si es un delito de homicidio, bueno, va a tener consecuencias. Las conductas tienen consecuencias siempre”, aseguró.
La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad genera fuertes cruces en el Congreso y en la opinión pública. El proyecto busca modificar el régimen penal juvenil y establecer que los mayores de 14 años puedan ser juzgados por delitos graves.
Desde el oficialismo y sectores aliados, insisten en que la medida es necesaria para combatir la inseguridad y dar respuesta a las víctimas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y parte de la oposición rechazan la iniciativa, argumentando que no resuelve el problema de fondo y puede vulnerar derechos de los adolescentes.
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