Procesan a un juez por el cierre de un casino
* El juez de la Ciudad Roberto Gallardo había ordenado la clausura de un casino flotante en el puerto a pesar de "que es la jurisdicción del Gobierno Nacional la que allí impera".
* La Cámara Federal avaló su procesamiento porque consideró que el magistrado "actuó con intencionalidad" y "a sabiendas" de su
incompetencia.
Por Télam
El procesamiento del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Roberto Gallardo, por ordenar la clausura de un casino flotante en el puerto local, fue confirmado por la Cámara Federal, indicaron hoy fuentes vinculadas a la causa penal.
El tribunal consideró que, cuando en mayo de 2006 Gallardo tomó esa decisión y dispuso una guardia policial para que se cumpliera, "actuó con intencionalidad" y "a sabiendas" de su incompetencia, porque "ninguna duda cabe acerca de que es la jurisdicción del Gobierno Nacional la que allí impera".
Al ser indagado por "abuso de autoridad", el magistrado sostuvo que actuó en el marco de sus facultades al disponer, el 27 de mayo último, la clausura de la sala de juego del buque "Princess", de la empresa Casino de Buenos Aires S.A.
La Sala I de la Cámara recordó que cuando Gallardo ordenó la medida, se evaluaba en la Corte Suprema Nacional su competencia en la causa, confrontada con la de la justicia federal, la que había dictado una medida provisoria de "no innovar" para evitar restringir los derechos de la firma Casino de Buenos Aires.
El conflicto de competencia había surgido meses antes de la clausura del "Princess", tras el dictado por parte de Gallardo de una medida similar con relación a otro "casino flotante". Para confirmar el procesamiento y embargo de 20.000 pesos dictado en agosto de 2006 por la jueza María Servini de Cubría, la Sala I de la Cámara evaluó que Gallardo "tenía pleno conocimiento" de la medida de "no innovar" ordenada por el magistrado en lo contencioso administrativo federal Sergio Fernández.
En tal sentido, el tribunal de segunda instancia consignó que fue Gallardo quien, ante la resolución provisoria dispuesta por Fernández, se dirimiera cuál era el juez competente. "Gallardo, voluntariamente, ordenó las medidas cuestionadas a sabiendas de que las mismas violaban el ámbito de la jurisdicción nacional", expresaron los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo
Farah.
La causa contra Gallardo la inició un particular que le atribuyó la comisión de delitos por "pretender ejercer competencia sobre bienes y personas ajenas a su jurisdicción, requiriendo el uso de la fuerza pública y en clara violación de ordenes emitidas por la justicia federal y resoluciones de la Corte".
Servini de Cubría había concluído que Gallardo "se planteó de antemano cumplir con un fin determinado", y para lograrlo "se apartó de las normas que regulan el procedimiento específico".
La Sala I de la Cámara destacó lo que, según testigos, fue la forma en que se llevaron a cabo las diligencias ordenadas por Gallardo, "con un gran despliegue de personal del juzgado", que,
encabezados por una secretaria "se condujeron en forma prepotente" y el "alto perfil que les confirió mediante la presencia de los medios masivos de comunicación".
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