Querellante en la causa $LIBRA consideró "irrisorio" el monto de los embargos a los imputados

La apelación para que la medida sea revisada por la Cámara Federal fue interpuesta por el querellante Brian Emanuel Quintero, junto a los abogados Nicolás Rechanik y Camila Palacin.

Pero el juez argumentó que dispuso levantar las “prohibiciones de innovar”, esto es el congelamiento de fondos, y fijar embargos, porque así lo había ordenado la Cámara Federal.

La nueva resolución abarca no solo a Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy —a quienes ya se les había fijado un embargo en una resolución paralela— sino también a Hayden Mark Davis, Sergio Daniel Morales, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino. Todos quedan sometidos al mismo monto de embargo y al mismo plazo: 90 días.

El embargo fue dictado luego de que la Cámara Federal dejara firme la orden de revisar las cautelares patrimoniales sobre los acusados.

En ese marco, Martínez De Giorgi dispuso fijar un embargo por un monto equivalente al perjuicio económico denunciado por los querellantes y los costos procesales que prevé la ley.

La defensa de Hayden Davis había argumentado que una medida que abarque todo su patrimonio para asegurar no más de USD 20.000 -cifra denunciada por los presuntos damnificados-, no parece razonable y “configura un exceso inadmisible”.

Oposición de damnificados en la causa $LIBRA

Los damnificados sostienen que el perjuicio fue mucho mayor. Una de las querellas reclama un monto cercano a 5 millones de dólares. Pero calcula q la reparación integral deberá ser mucho mayor.

Otra de las querellas, la que apeló, advirtió que el monto de la estafa total sería cercano a los 100 millones de dólares, por lo que calificó de “irrisorio” la suma embargada.

El fiscal Eduardo Taiano acompañó la postura de la Cámara y del juez: en su presentación destacó que la prohibición de innovar sobre los bienes del estadounidense Hayden Davis —dictada el 6 de noviembre— no resultaba la herramienta más adecuada y propuso avanzar en línea con lo resuelto respecto de Novelli y Terrones Godoy.

Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal detalló un complejo entramado de movimientos de USDT y ETH en distintas direcciones de la red Ethereum —identificadas como CPE1, CPE24, CPE26 y CPE9— que, según los reportes técnicos, habrían sido controladas por los imputados.

Ese análisis determinó que parte de los fondos presuntamente vinculados al hecho fueron transferidos, convertidos mediante swaps y reubicados en nuevas billeteras, incluso en pools de staking.

A pesar de esos congelamientos, fue la Cámara la que ordenó sustituir la medida por un embargo tradicional y fijar su monto según los parámetros del artículo 518 del CPPN: posible multa, reparación civil, honorarios y demás gastos de la causa.

Los damnificados y el cálculo del embargo por la presunta estafa con $LIBRA

Cinco compradores del token LIBRA se presentaron como querellantes y relataron pérdidas tras el abrupto desplome del criptoactivo, al que calificaron como un “rug pull”.

Entre las declaraciones, se describen inversiones que van desde 81 USDT hasta más de 8.000 dólares, todas con caídas superiores al 50% y, en algunos casos, cercanas al 97%. Esos montos —sumados a multas, tasas de justicia y potenciales reparaciones— fueron utilizados por el juez para fijar el monto total del embargo.

La causa, caratulada “Milei Javier Gerardo y otros s/ cohecho y otros”, continúa en trámite y tiene como eje determinar si hubo una maniobra fraudulenta en torno al token $LIBRA y un eventual perjuicio económico a los compradores.