Reforma laboral: el movimiento obrero despliega presión política y territorial

Desde la mirada sindical entienden que el apuro oficial responde a la intención de aprovechar un clima de relativa pasividad social posterior a las elecciones y consideran que el paso del tiempo puede jugar a su favor, en un contexto marcado por despidos, suspensiones y deterioro del poder adquisitivo. En ese sentido, la variable "tiempo" se vuelve clave: mientras la velocidad favorece al Gobierno, la demora podría ampliar el descontento social y tensionar a gobernadores que aún no definieron su posición.

La estrategia sindical combina presión territorial, diálogo político y movilización federal, con especial foco en los gobernadores que no integran La Libertad Avanza. En ese marco, dirigentes de la CGT y de las dos CTA, junto a referentes que actúan con mayor autonomía trabajan para interpelar a los gobernadores y a sus legisladores, a quienes les reclaman coherencia entre sus posicionamientos opositores, sus discursos públicos y los intereses de los electorados que representan.

El proyecto, de 197 artículos, ideado por Federico Sturzenegger y respaldado por Milei, cuenta con apoyo de sectores empresariales y plantea, según los gremios, riesgos severos para el derecho de huelga, la estabilidad laboral, la negociación colectiva y la seguridad social. Hugo Yasky advirtió sobre la legalización de despidos sin causa y la creación de un fondo que, sostuvo, podría financiar cesantías con recursos previsionales.

Pese a la ofensiva oficial, en las centrales sindicales creen que el escenario económico y social seguirá deteriorándose, lo que podría multiplicar los conflictos laborales a lo largo del año. En ese marco, la apuesta es clara: ganar tiempo, ampliar consensos y sostener la presión política y social para frenar una reforma que consideran una de las más regresivas desde el retorno de la democracia.