Ricardo Gil Lavedra reclamó la derogación del decreto que limita el acceso a la información pública

Política

El gobierno de Javier Milei sigue sumando rechazos por su intento de limitar el acceso a la información pública y sumar opacidad a su gestión.

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, fue lapidario con el decreto del presidente Javier Milei que limita el acceso a la información pública y suma opacidad a la gestión libertaria.

Tras suscribir una declaración conjunta con setenta organizaciones de la sociedad civil que rechaza el polémico decreto, Gil Lavedra advirtió que exigen "la inmediata derogación del decreto 780 que limita el acceso a la información pública".

Milei enojado

"Ese decreto es incompatible con una democracia republicana y parece propio de una autocracia populista", aseguró el excamarista que juzgó a los comandantes de la dictadura genocida.

"Es marcadamente inconstitucional –alertó Gil Lavedra- porque se aparta de la ley de acceso a la información pública a través de un decreto. Coloca y ensancha los márgenes de impunidad porque deja en manos del funcionario establecer qué información es pública y cual no".

Y concluyó que “todo esto resulta absolutamente inaceptable y debe ser derogado de inmediato”.-

La declaración conjunta completa

Un Decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016.

Las excepciones establecidas por la Ley 27.275, que habilitan la negativa estatal a brindar la información solicitada, están lejos de lo reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. El Decreto mencionado amplía la información que queda por fuera del interés público, amplía el secreto y aporta discrecionalidad al dejar en manos de los funcionarios/as públicos/as la definición sobre lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades, dándoles una especial protección.

El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado.

Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública.

Entre las firmas se encuentran las de Acción Colectiva – ACIJ – Alianza Regional por la Libre Expresión e Información – Amnistía Internacional- Andhes – Anima Chicos – ARPIAS (Salta) – Asuntos del Sur – CADE – CAIP – Campaña por el Aborto (Salta) – CAREF – Carrera Comunicación (UBA) – CECIM (La Plata) – CEG (La Plata) – CELS – CEPPAS – CIDC – CIPCE – CIPPEC – Clínica Jurídica de Acceso a la Información (UNLP) – Comunicación para la Igualdad – Conciencia – Consciente Colectivo – Democracia en Red – DEMOS – Directorio Legislativo – ELA – Escuela de Fiscales – FADECCOS – FARN – FATPREN – FEC – Festival Cine a la Vista – FIC – FOCIS (Salta) – FOPEA – F. para el Desarrollo Humano Integral – FUNDAR – FUNDEPS – Gestión Nativa – Hora de Obrar – Huésped – ILSED – Incidencia Feminista – INECIP – Khuyay – La Casa del Encuentro – La Fuerza de las Mujeres – Minka Digital – Mujeres en Igualdad – Mujeres por la Igualdad de Oportunidades – Mundosur – Nuestra Mendoza – Obs. de Just. Sanitaria y Climática Latam. – Patagonias.org – Periodistas Argentinas – Poder Ciudadano – RAAC – Red Ciudadana Nuestra Córdoba – REDCOM – Red Par – Red Ruido – RIPVGAR – Salta Transparente – SES – Sipreba – Unión Inquilinxs (Salta) – Vía Libre – Xumek

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