Sólo uno de cada cinco presos con domiciliaria tiene tobillera electrónica

Según el relevamiento, “del total de los 2513 detenidos/as con prisión domiciliaria informados para todos los delitos”, sólo una minoría utiliza dispositivos electrónicos de control. El informe sostiene que “solo el 23,96% usa un dispositivo de control electrónico” y agrega que, si se toma el total de personas con domiciliaria, “estamos hablando del 19,54%”.

Los datos fueron elaborados sobre la base de respuestas oficiales remitidas al Consejo de la Magistratura tras pedidos firmados por consejeros y legisladores nacionales.

El documento analiza “las condiciones impuestas para los/as detenidos/as con prisión domiciliaria en el ámbito de la Justicia Federal con competencia penal en todo el territorio nacional”, con “especial hincapié en delitos de lesa humanidad y narcotráfico”.

Otro de los puntos que destaca el informe es la escasa aplicación de restricciones de visitas. Allí se afirma que “de estos 1192 casos con información disponible, sólo 21 personas tienen restricciones en sus visitas (1,76%)”. Y concluye: “el 98,24% de las personas NO tienen restricciones en sus visitas”.

En paralelo, el trabajo remarca que una parte importante de los detenidos bajo arresto domiciliario cuenta con permisos para salir de sus viviendas. De acuerdo con el relevamiento, “534” personas —sobre 1192 casos con datos disponibles— “tienen algún tipo de permiso de salida”, lo que representa “el 44,80%”. Entre los motivos mencionados aparecen “estudiar, trabajar, llevar niños/as a la escuela, tratamiento de adicciones” y también “consultas médicas” o tratamientos de salud.

Narcotráfico: menos del 1% tiene restricciones de visitas

El informe también separa los datos vinculados a detenidos por narcotráfico. Allí señala que existen “1280 personas con prisión domiciliaria por delitos vinculados al narcotráfico”, aunque sólo hubo información detallada sobre 929 casos.

Sobre ese universo, apenas “8 personas” tenían restricciones de visitas. El documento subraya que eso representa “el 0,86%” y remarca que “el 99,14% de las personas detenidas bajo la modalidad de prisión domiciliaria por delitos de narcotráfico carece de restricciones respecto de las visitas”.

En cuanto a las salidas autorizadas, el informe indica que “397 casos (42,73%) cuentan con algún tipo de permiso de salida”.

Lesa humanidad: más de la mitad tiene permisos para salir

El documento también analiza la situación de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad. Allí se informó que existen “247 personas” con prisión domiciliaria por ese tipo de delitos.

De los casos sobre los que hubo información disponible, sólo “5 personas” tenían restricciones de visitas, lo que equivale al “15,62%”. El informe agrega que “el 84,38% de esas 32 personas carece de restricciones respecto de las visitas”.

Además, se indicó que “18 casos (56,25%) cuentan con algún tipo de permiso de salida”, principalmente “caminatas por recomendación médica”.

Respecto del control electrónico, el informe sostiene que “de las 247 personas detenidas con prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad, solo 109 utilizan dispositivo electrónico de control (tobillera)”.

“Sólo un 44,12% del total de las 247 con domiciliaria por estos delitos posee tobillera electrónica”, agrega el documento. Y precisa que, tomando únicamente los casos en los que hubo respuesta concreta sobre el uso o no del dispositivo, “sólo un 50% de estos detenidos posee este tipo de dispositivo de control electrónico”.

El informe aclara finalmente que aún existen datos faltantes y que fueron presentadas “aclaratorias para que se complete la información”. Según se indicó, el plazo legal para responder esos requerimientos vencía el 14 y 15 de mayo de 2026.

El informe

El informe fue impulsado por consejeros y legisladores del peronismo dentro del Consejo de la Magistratura y apunta a relevar el nivel de control efectivo sobre los detenidos con arresto domiciliario en causas federales. El trabajo se apoyó en respuestas oficiales remitidas por distintos organismos judiciales tras pedidos de acceso a la información pública realizados este año.

El documento lleva las firmas del diputado nacional Rodolfo Tailhade, de la diputada Vanesa Siley, del senador Anabel Fernández Sagasti y del consejero Cesar Grau.

El trabajo se confeccionó luego de que “a mediados de marzo de 2026 se recibieron las contestaciones a los pedidos de Acceso a la Información Pública” presentados ante el Consejo de la Magistratura.

Según el texto, esos requerimientos buscaban información “sobre diferentes aspectos relacionados a las condiciones impuestas para los/as detenidos/as con prisión domiciliaria”, con especial foco “en delitos de lesa humanidad y narcotráfico”